Lo malo de la sociedad de la información es que las palabras no se las lleva el viento. Siempre habrá alguien dispuesto a gravarlas y reproducirlas. Por mucho que uno descuelgue su programa electoral de su página web, siempre habrá una memoria electrónica que recordará que lo prometido es deuda. Máxime cuando en el acto de aclamación se exigía cumplimiento. "No nos falles", fue el grito de guerra de los seguidores socialistas en la sede de Ferraz, dirigido a Zapatero en la noche electoral del 14-M.
Y ahora Zapatero se encuentra atrapado por unas promesas formuladas en un entorno de oposición, no de Gobierno. ¡Qué mala suerte! ZP se encuentra hipotecado por su compromiso de retirar las tropas antes del 30 de junio, si la ONU no avala su presencia en la zona. ¿OTAN: de entrada, no? Puede. ¿Y qué hará con su compromiso de aplicar Kyoto? Otro marrón. Iberdrola leyó por dos veces el compromiso del PSOE bajo el principio de que quien contamina, paga. La eléctrica vasca quiere el cumplimiento estricto de los compromisos para los que han hecho los deberes y recuerdan el principio romano de que los acuerdos son para cumplirlos.
Por su parte, en Endesa se muestran más cautos y prefieren hablar de la aplicación "flexible y racional" de los protocolos de Kyoto. Y es que según la consultora PriceWaterhouseCoopers (PWC), el coste de su implantación ascendería a 19.123 millones de euros, el doble de los fondos de cohesión percibidos actualmente por nuestro país. Además, PWC cree que el impacto de su aplicación provocaría un repunte de la inflación del 2,7 por ciento, mermando la competitividad española e incentivando la deslocalización industrial. Por eso, concluye que la aplicación es "casi imposible". Algo similar a lo sostenido por el presidente de Endesa, Manuel Pizarro, que aboga por el traslado al cliente del impacto medioambiental: "Nosotros somos intermediarios entre las demandas de la sociedad y la industria. Si la sociedad demanda respeto medioambiental, tendrá que pagarlo porque la actual tarifa no contempla el coste medioambiental".
Endesa maneja, además, el argumento geoestratégico. "Quiero reflexionar sobre el peligro que tiene para una economía depender energéticamente del exterior", señala el consejero delegado, Rafael Miranda. Más explícito estuvo Pizarro al alertar sobre los riesgos de la dependencia energética del gas de Argel, un país con gran influencia fundamentalista. El nuevo gaseoducto a Almería elimina la dependencia marroquí del gaseoducto actual, pero mantiene el riesgo argelino.
Por lo demás, el Gobierno en funciones todavía no ha realizado el reparto de cuotas previsto para el 31 de marzo. No es el único moroso. Tan sólo 5 de los 15 estados miembro han presentado su propuesta de reparto de cotas contaminantes. Finlandia, Alemania, Austria, Irlanda y Dinamarca. También Gran Bretaña, Holanda y Portugal han publicado en internet sus respectivos planes. En el caso español, la Comisión Europea podría hacer la vista gorda debido a la situación de interinidad de nuestro Ejecutivo. Deberá de ser el nuevo ministro de Industria, Josep Montilla, quien resuelva la gran incógnita que planea sobre el sector eléctrico español. Por cierto, Solbes defendió el cumplimiento del Protocolo de Kyoto siendo comisario europeo de Asuntos Económicos.
