Esta supuesta adaptación, sin embargo, carece de base legal ya que EpC es obligatoria legalmente, por lo que no puede ser «adaptada» al ideario de un centro católico. Así lo demuestra el Informe (en archivo adjunto) ¿Puede adaptarse Educación para la Ciudadanía al ideario de un centro educativo católico? realizado por la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética. El director de esta Asesoría, José Luis Bazán, explica que EpC no puede adaptarse por los siguientes motivos:
El principio de autonomía pedagógica contemplado en la LOE permite la concreción y desarrollo curricular de EpC (aprobación de un proyecto docente del centro, elección de libros y materiales, adopción de experimentaciones, planes de trabajo, formas de organización o ampliación del horario escolar) pero no la exclusión de contenidos explicitados en el currículo reglamentario.
Los planes de diversificación previstos en la LOE tampoco son un recurso legal que permita la adaptación mediante la exclusión de contenidos obligatorios de EPC.
No existe autorización legal para adaptar EpC al ideario de los centros católicos, ya que esta adaptación requeriría una resolución administrativa que no existe.
Las sentencias del Tribunal Supremo de febrero de 2009 que declaran EpC «neutral y ajustada a Derecho» afectarán al ideario de los centros, al legitimar que los profesores de EpC utilicen textos y materiales o realicen actividades ajustadas al currículo legalmente diseñado, incluso en contra del carácter propio de los centros.
Es previsible que, en el futuro, se exija una formación de postgrado especializada para impartir EpC, titulación que ya está siendo ofertada por Universidades y entidades de ideología laicista. En ese caso, los centros católicos se verán obligados a contratar a profesores que tengan esa formación, incorporando a su proyecto educativo a perfiles ideológicos muy alejados de su ideario.
En opinión de Bazán, es preferible que los centros educativos católicos impartan directamente su ideario sin pretender impartir una EpC descafeinada. «Además», asegura, «los centros con ideario propio deben hacer causa común con los padres objetores para defender juntos su derecho a educar en libertad frente al adoctrinamiento gubernamental».
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