Una de las principales novedades del reglamento de la Ley de Extranjería es la creación de una plataforma informática que permita inventariar las profesiones de difícil cobertura en tiempo real. Para ello, se compilarán los datos del INEM, de los servicios de empleo de las comunidades autónomas y las demandas individuales y colectivas de los empresarios. De esta forma, se elaborará el contingente que aunque se realice anualmente, podrá ser revisado de manera periódica.
De esta forma, se pretende evitar las divergencias como la señalada por el ministro de Trabajo, Jesús Caldera: en 2003 las autorizaciones fueron de 21.000, pero, según Eurostat, las entradas ilegales en nuestro país ascendieron a 600.000.
Caldera estima que el nuevo sistema será eficiente. Desconocemos por qué se presume eficiencia a este sistema cuando el INEM es el peor intermediador del mercado laboral. En cualquier caso, el ministro de Trabajo anuncia que a partir de la financiación del plazo de la "legalización" de la disposición transitoria del reglamento de la Ley de extranjería previsiblemente a finales de abril, principios de mayo- el Gobierno será severo con las contrataciones ilegales: expulsará al inmigrante ilegal, sancionará duramente al empresario que contrate trabajadores ilegales. "Queremos que los que están trabajando se legalicen", señala Caldera apelando a un informe del Consejo Económico y Social en el que se apunta a este mismo principio. Caldera va más lejos: "No queremos que esté nadie sin derechos, sin la debida cobertura y sin contribuir debidamente al fisco con sus impuestos". Ahora ya lo hemos entendido mejor.
