Son dos casos paralelos que confluyen en Santander. El consejero delegado, Alfredo Sáenz, no ha conseguido liberarse de que su nombre figure en el archivo de Penados, según informó El País. Hablo del caso Olavarría Delclaux, donde Sáenz fue condenado a meses de cárcel y tres de inhabilitación por denuncia falsa. El caso está pendiente de recurso ante el Tribunal Constitucional, y en el Santander ya están convencidos de que ni el PSOE, ni aún menos el PP, indultará a Sáenz.
Al mismo tiempo, toma cuerpo el caso contra Emilio Botín por presunta evasión fiscal. En ese caso están concernidas las dos ramas de la familia Botín: Emilio Botín y sus hijos, y Jaime Botín y los suyos, es decir, el corazón del Grupo Santander y del Grupo Bankinter.
Los Botín regularizaron, pero Hacienda considera que no es suficiente. La diferencia entre un caso y otro es que para Alfredo Sáenz ya hay sentencia firme, para Emilio Botín queda un largo periplo judicial. Y son las sentencias firmes las que permiten -¿obligan?- al Banco de España a prescindir de un banquero por haber perdido su "honorabilidad".
Todo ello complica la sucesión en un banco como el Santander, más familiar que ningún otro del Top-ten bancario mundial. Por eso, Alfredo Sáenz, 68 años, está dispuesto a marcharse a casa a fin de año. Botín tendría que nombrar entonces otro consejero delegado. Quien cuenta con más probabilidades es el consejero ejecutivo Francisco Luzón, pero también Juan Rodríguez Inciarte, o su hermano Matías.
Y no, un terremoto en el primer Banco de España y cuarto de Europa no es bueno para nadie
Eulogio López
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