- Se trata de la reforma integral de las administraciones públicas, la 'reforma económica' más esperada por todos y la más relevante.
- Ahora bien, para reducir la administración, empieza por crear una comisión: largo me lo fiáis.
- Comisión que liderará Pérez Renovales, mano derecha de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
- Se trata de reducir el número de instituciones y empresas públicas, así como el número de políticos y funcionarios.
La vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha expuesto este viernes, al término del Consejo de Ministros, las líneas maestras de un plan que no es nuevo, disminuir las dimensiones elefantiásicas de un Estado cargado de duplicidades, cuyos gastos ha definido como "insostenibles".
La mano derecha de Rajoy ha utilizado precisamente el mismo adjetivo que José María Aznar, que planteaba la necesidad de reducir el modelo territorial. El nuevo plan, según ha explicado la vicepresidenta, pretende dimensionar adecuadamente la administración, eliminar "mucha cosa superflua" -esta expresión es traducible por la multitud de empresas públicas donde pacen infinidad de políticos- y "conseguir que nos pongamos de acuerdo en el ejercicio de transparencia". La vicepresidenta ha evitado pronunciarse sobre si prefería la propuesta de Aznar o la de Alicia Sánchez Camacho, que defendió que "no se debe proceder a una reordenación y recentralización" del modelo del Estado.
Lo que ha propuesto Soraya Sáenz de Santamaría, en líneas generales, es la reducción de los altos cargos, la limitación o reducción del número de empresas públicas, reducir la burocracia y simplificar la administración.
El caso es que para reformar la administración, lo primero que ha hecho es crear una comisión administrativa que liderará Jaime Pérez Renovales (en la imagen), su mano derecha, jurista como ella, un hombre de ICADE abogado del Estado, definido por algunos como el gran fontanero de la Moncloa.
El Acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros señala que la Comisión se adscribe al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Estará presidida por el subsecretario de la Presidencia y corresponderá la vicepresidencia a la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Publicas, mientras que la secretaría será desempeñada por el director general de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
Serán miembros de la Comisión las siguientes personas: un representante de cada uno de los departamentos ministeriales, con rango mínimo de Director General, un representante de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, un representante del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, un representante del Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia.
Cuando así lo aconseje la naturaleza de los asuntos a tratar, y por invitación del presidente de la Comisión, podrán asistir a las reuniones, con voz pero sin voto, titulares de otros órganos o entidades de la Administración General del Estado. Se crean también cuatro subcomisiones para analizar las duplicidades administrativas, la simplificación administrativa, la gestión de servicios y medios comunes y la administración institucional.
Largo me lo fiáis. Ni en la Corte de Enrique VIII.... Hasta que tanta gente se ponga de acuerdo puede pasar mucho tiempo. Claro está que ha de buscarse el consenso, son muchos los ex cargos públicos que se benefician de los sueldos de empresas públicas que no sirven para mucho. La vicepresidenta ha explicado así la magnitud de la tarea a la que se enfrentan, tal vez para justificar el tiempo que puede llevarles conseguir algo provechoso. "Se trata, ha dicho, de auditar la administración de arriba abajo", en una tarea que ha definido como "de encaje de bolillos". Un repaso, ha enumerado, a "cada Ministerio, cada administración local, cada organismo público, cada administración de las Comunidades Autónomas".
El Gobierno se ha puesto como fecha tope el 30 de junio para elaborar la propuesta. Dicen que cuentan con el apoyo de las Comunidades Autónomas, y que algunas plantearon la necesidad de llevar a cabo el adelgazamiento de la Administración, lo que se busca, ha dicho Soraya, es el consenso. No parece que vaya a resultar fácil conseguirlo.
Sara Olivo
sara@hispanidad.com
