A partir del viernes, se duplica el tamaño del Ministerio de Trabajo

 

El próximo viernes día 2, el Consejo de Ministros aprobará el organigrama del Ministerio de Trabajo, pieza clave de la política de Rodríguez Zapatero, que vende talante y diálogo, y que, sobre todo, reparte fondos sociales y ejecuta la política de igualdad entre hombre y mujer.

 

Así, se crea (de hecho ya está creada, pero se le dota competencias y presupuesto) la Secretaría General de Políticas de Igualdad, con cargo de Subsecretaría, y a cargo de Soledad Murillo de la Vega.

 

Esta Subsecretaría será la encargada de implementar (precioso neologismo que sustituye al vetusto, aunque quizás más inteligible verbo aplicar) la futura Ley contra la Violencia de Género. Pero su cometido será mucho más amplio, y Caldera ya ha comentado a sus próximos que va a ser la sensación de la Legislatura. 

 

Eso es muy posible. Porque en el decreto que se aprobará el próximo viernes se habla de que la Secretaría de Murillo se responsabilizará de la aplicación de esa norma y de mucho más: De la promoción de la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, de la promoción de la igualdad  en el empleo y del fomento de la participación política y social de las Mujeres.

 

Respecto a la promoción en el empleo, el equipo de doña Soledad ya ha lanzado la primera idea, precisamente la que ya ha empezado a preocupar en el tejido empresarial español: Murillo habla de incentivar a las empresas que opten por la paridad en su equipo directivo. Por el momento, no se habla de penalizar a quienes incumplan la paridad entre hombres y mujeres.

 

En definitiva, con el anterior Gobierno, el Ministerio de Trabajo contaba con dos secretarías de Estado y una subsecretaría. Ahora cuenta con tres secretarías de estado (Seguridad Social, Inmigración y Servicios Sociales), más tres departamentos con rango de subsecretarías. En definitiva, el Ministro de Trabajo se ha multiplicado por dos.

 

Al final, en el Ministerio hablan de que el objetivo último, el programa máximo, consiste en elevar a ley la paridad social absoluta, sin excepción de sociedades anónimas, ONG, instituciones de cualquier tipo, incluyendo a instituciones religiosas que, como la Iglesia, de una u otra manera reciben subvenciones del Estado. Tanto es así que el llamado tercer sexo, constituye un reto de asimilación, aunque eso quedaría para una segunda etapa.