Hace unos días invertí -otros dirían tiré- la tarde con uno de mis mejores amigos.


Sr. Director:

El tema que nos ocupó puede decirse que es la vida. No sólo en tema amplio, abstracto y genérico, que sí, sino también en el sentido más cercano, pues uno de los temas principales fue la nueva ley del aborto que se está gestando en nuestro Congreso.

Mi amigo me planteaba que si en el Congreso estamos representados todos los ciudadanos, de una manera democrática y constitucional, debe ser que realmente es la mayoría de la población española la que quiere sacar adelante esta nueva ley.

Los políticos, como tales, deben gobernar a la nación en función de los intereses de los ciudadanos, perdón, de la mayoría de los ciudadanos, guardando los compromisos a los que quedaron sujetos cuando nosotros les votamos, de lo contrario estarían deslegitimando su mandato.

Por otro lado, le decía a mi amigo que en nuestro modelo político juegan un papel muy importante las minorías, tanto es así que en la presente legislatura no se podría gobernar sin ellas -bien lo constata los apuros que se le presentan al Gobierno de Zapatero-.

Sin embargo, con esta ley se están dejando de lado la posición de tantos y tantos ciudadanos. ¿Pero hasta qué punto un Gobierno, sea cual sea su color, está legitimado para decidir aspectos que, en teoría, sólo afectan a una minoría pero que luego acabarán por implicar a miles y miles de personas, de aquí en adelante? La respuesta a esta pregunta, tan vieja, es difícil. Se la dejo a usted.

De todos modos, creo que ante situaciones tan delicadas como las que estamos tratando, y como ocurre en toda buena deliberación, deben escucharse a las dos partes -o eso dicen los profesores de la Universidad-. Esta es precisamente la carencia del actual proyecto. Por eso nos reunimos aquella tarde.

La verdad es que, como decían los de Master Card, las conversaciones interesantes no tienen precio.

(Los datos personales han sido eliminados por petición expresa del autor)