Al tratarse de buques y de intereses españoles, la jurisdicción no es voluntaria
El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente sostiene que España hizo lo que tenía que hacer al detener y traer a los piratas a España. No se trata de en qué aguas estaba sino de que actos cometían, señala Rubio Llorente. En su opinión, en el caso del Alakrana no cabía la jurisdicción voluntaria al tratarse de intereses españoles. Con independencia de que estuvieran en aguas internacionales o no fuera del perímetro de seguridad de la operación Atalanta. Así que Rubio Llorente concluye: creo que era inevitable perseguir a los piratas y una vez que están en jurisdicción española, se desencadenan unos acontecimientos que son complejos.
Tan complejos que finalmente el juez Pedraz ya ha encontrado las vías para que los piratas sean remitidos a Somalia. Quizás esta era una de las ideas de lo que había que hacer y que Rubio Llorente no ha querido verbalizar para no incrementar la algarabía y crear problemas adicionales.