Por otra parte, Estados Unidos y China encabezan el ranking de los terruños con más condenas a muerte. Fueron ejecutadas más de 2.000 mortales en 22 países y juzgadas más de 5.000 personas, según comunica Amnistía Internacional.
La pena de muerte y su aplicación no parece inquietar demasiado a los adalides políticos censurados por esta práctica. En los últimos 25 lapsos de tiempo el número de países que ajusticiaron a condenados a la pena capital ha decrecido en un 50%. México y Liberia son los terruños que, hace poco, han eliminado la pena de muerte de su legislación.
Sin embargo, en algunos países, la pena capital únicamente está prevista para casos de apremio y se mantiene la pena de muerte en casi todos los nuevos Estados del continente africano, en los terruños árabes, en algunos países orientales y en Rusia.
Los detractores de este correctivo aseveran que es inhumano y que supone trocar al Gobierno en ejecutor, impidiendo reparar deslices judiciales, que cuando se originan, son irreparables.
Mientras que, en algunos de los terruños desarrollados, se ha excluido de sus legislaciones la pena de muerte. Sin embargo, Japón no sólo se opone a seguir el ejemplo, sino que ha reavivado la pena capital en los últimos años. Esta reactivación de los ahorcamientos, una práctica cruel y medieval para una nación avanzada y tecnológica como el Imperio del Sol Naciente, ya le ha costado a Japón la censura de muchas asociaciones protectoras de los derechos humanos.
También se advierte que la pena de muerte se conservó en todos los estados y en todos los tiempos y esto no es un argumento válido, porque también existió esclavitud y hoy se califica su abolición de mejora social y moral.
Por último, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ratificó una resolución en la que se insinuaba a todos los países del universo prohibir la pena de muerte, proteger la dignidad y los derechos inalienables de toda persona humana, en todos los momentos de su existencia, desde la concepción hasta la muerte natural.
Clemente Ferrer
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