La ONG Human Rights Watch acaba de emitir su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Marruecos. En informe se basa en inspecciones físicas del Observatorio realizadas en Marruecos entre los meses de enero y febrero de este año.
En el informe denuncian que muchos de los avances producidos en materia de derechos humanos durante los últimos 15 años podrían verse anegados por la actitud del Gobierno marroquí, tras los atentados en Casablanca del 16 de mayo de 2003. Según esta ONG, cerca de 2.000 personas fueron detenidas en los meses posteriores sospechosos de pertenecer al terrorismo islámico. La detención se produjo en sus viviendas sin permiso judicial, fueron sometidos a torturas y vejaciones, en muchos casos carecieron del derecho a la defensa de un letrado o a comunicarse con sus familiares, los informes policiales falsificaron fechas y se les negó la posibilidad de presentar testigos.
El informe concluye en el riesgo de involución en los avances en la defensa de los derechos humanos producidos desde la llegada al trono del rey Mohamed VI en 1999. Además, aplaude la decisión de las autoridades del Gobierno de Marruecos de investigar los hechos denunciados y el compromiso adquirido en enero de 2004 con la creación de la Comisión de la Reconciliación y la Equidad de revisar los atentados a los derechos humanos en el pasado. Sin embargo, el informe añade un "pero": el peligro de involución en el entorno de la lucha antiterrorista. Human Right Watch defiende el derecho y la obligación del Gobierno marroquí de perseguir a los culpables y de garantizar la seguridad del país, pero denuncia la utilización de la lucha antiterrorista como una excusa para la violación de los derechos humanos.
