La semana pasada la acusación contra Garzón del sindicato Manos Limpias y de la Asociación Libertad e Identidad presentó un escrito en el Supremo por el que solicitaba nuevas pruebas y resumía las pruebas actuales existentes. La conclusión del escrito es la abierta contradicción de Garzón cuando tuvo que conocer la causa contra los crímenes de Paracuellos y los de las víctimas del Franquismo. En el primer caso, causa 70/1998, el juez estrella considera que no hay lugar a la investigación ni en tiempo, ni en espacio, ni en forma ni en fondo. Es más, argumenta que quien insista actúa de mala fe y el abogado atenta contra la su propia deontología. El fiscal señaló además que existía falta de tipicidad y de retroactividad y pidió archivar la causa. La Asociación de Familiares de Víctimas de Paracuellos insiste y es el juez Marlaska quien pone el punto y final afirmando que los delitos de la guerra civil se ven afectados por la Ley de Amnistía. Las actuaciones finalizan el 24 de julio de 2006.
Pues bien, después de estos antecedentes, el juez Garzón se desdice y opta por perseguir los delitos contra el Franquismo. Por supuesto que conocía una doctrina elaborada por él mismo, por lo que cabría interpretar que existen indicios racionales de delito de prevaricación (resoluciones injustas a sabiendas que son injustas). La triquiñuela jurídica que se inventa el juez estrella es la acusación de delito de detención ilegal, no prescriptible. Además, asume que los muertos no lo son hasta que no se les encuentre. Todo un viaje intelectual para evitar su propia doctrina sobre la afectación de la Ley de Amnistía, la ausencia de tipo y la prescripción de los delitos.
A todo esto hay que sumar los 'retruécanos' utilizados para asumir la competencia de la causa. Todo estilo se encuentra en el escrito presentado la semana pasada en el que se solicitan al Supremo nuevas pruebas para cerrar todavía más la documentación. Pero lo fundamental es que el juez, 'donde dijo digo, dice Diego'.
