El Gobierno advierte a ambos que no permitirá dos oficinas -lo que ocurre ahora- para elegir suministrador y les exige un acuerdo antes del 30 de noviembre
En el largo y turbio camino hacia la liberalización energética, una de las etapas más importantes es la posibilidad de elegir suministrador, tanto de luz como de gas. Para ello, una de las iniciativas en las que más confianza ha puesto el Ministerio de Industria ha sido la creación deY enseguida han saltado las chispas. La Oficina tiene que ser operativa el 1 de enero, pero las eléctricas se han enzarzado en una batalla con Gas Natural sobre el reparto de poder. Las primeras acusan a las empresas con sede en Barcelona de pretenden una minoría de bloqueo, mientras la segunda exige una separación funcional y recuerda que el mercado de gas está más liberalizado que el eléctrico y que -cuestión de fondo- ellos no tienen acceso al suculento déficit de tarifa porque no son distribuidores de electricidad, por lo que no puede hablarse de mercado eléctrico liberalizado.
El caso es Gas Natural ha creado su propia oficina con comercializadores del sector y la oficina de las eléctricas trabajan por su cuenta.
Es igual, los políticos venden nombres, y Clos quiere vender liberalización eléctrica antes de marzo, en que tendrán lugar las elecciones. Por eso, ha exigido a Gas Natural y a Endesa, Iberdrola y Fenosa, que son las que controlan Sedigas y UNESA, -respectivamente- que se pongan de acuerdo antes del 30 de noviembre. El Gobierno no va a tolerar la existencia de dos oficinas de suministro único.
Las eléctricas aseguran que GN sólo quiere ganar tiempo para que su actual supremacía de cuota se traslade al mercado liberalizado. En cualquier caso, las espadas están en alto y ninguno de los dos bandos parece dispuesto a ceder, mientras que GN asegura que las eléctricas quieren dejarles en minoría.
Puede decirse que la Oficina Única para Cambio de Suministrador adoptará funciones de la Comisión Nacional de la Energía y se convertirá en el instrumento clave para defender que el mayor número de los ciudadanos pueda elegir a qué empresa le compra luz y gas y, sobre todo, luz.