El salario mínimo interprofesional (SMI) no subirá en España hasta los 600 euros, a pesar de que así lo prometió Rodríguez Zapatero en campaña electoral. O mejor, será de 600 euros, pero en 2008, cuando finalice la legislatura (al paso que vamos habrá que desear que termine antes). Jesús Caldera, ministro de Trabajo y mano derecha de Zapatero, así lo ha "aclarado". Además, se revisarán las prestaciones sociales asociadas al SMI (¿qué quiere decir? ¿Que para los cobradores de salario mínimo tendrán menos prestación por desempleo?). Ahora, ni tan siquiera tenemos clara cuál es la subida, pues, no sabemos si hablamos de doce pagas o de catorce, de bruto o de neto. Ahora mismo, el salario mínimo español está en 451 euros al mes (ojo, brutos) por catorce pagas, o 526 prorrateadas en doce mensualidades.
En otras palabras, un salario de mera subsistencia, que cobran unos 500.000 españoles, más otro millón y medio, cuyo convenio gira alrededor del salario mínimo. Hablamos, sobre todo, de dependientes de comercios, jornaleros, servicio doméstico (en este caso, con mucha economía sumergida), hostelería de escaso poder adquisitivo, etc. Hablamos, sobre todo, de jóvenes que acaban de incorporarse al mercado laboral y de inmigrantes.
Con ese sueldo, y tampoco con 600 euros al mes, es posible independizarse, crear un hogar o simplemente establecerse en un nuevo país. Con ese sueldo te vas a la economía sumergida o te vas al gueto.
Y los empresarios lo tienen claro: si alguien protesta, no tiene más que deslocalizar, marcharse a China (100 dólares al mes, en el mejor de los casos) o a India, con salarios imposibles de reducir a una media simple, pero que pueden ser inferiores a los chinos, o trasladar sus factorías a Rusia, México o a Brasil. Porque la lucha de ahora mismo por la justicia social no es el desempleo, ni tampoco el empleo precario, sino los salarios dignos. Es más, toda la justicia social a nivel mundial y todo el proceso desglobalización debería estar ceñido a esa variable: el país que permite la explotación laboral de sus trabajadores no debe favorecerse de las ventajas del libre comercio ni de la ayuda al desarrollo.
Eulogio López
