- Con la Reforma Local, Hacienda culmina el control pecuniario de todas las Administraciones.
- Vivimos la recentralización del Estado por la vía pecuniaria.
- La fórmula mágica de la monitorización: si en 30 días no pagas a tus proveedores les pago yo y luego te lo quito a ti.
- El nuevo proyecto para corporaciones locales potencia las diputaciones y castiga a los gobiernos autónomos.
- Precisamente, cuando hay tres comunidades del PP en procesión de sucesión: Murcia, Castilla-León y La Rioja.
- Y el mayor problema de descontrol lo tiene... la pepera Valencia. Fabra no controla.
- Criterio de actuación marcado en Hacienda: no entrar en batallas políticas con los gobiernos regionales, especialmente con el catalán: hablemos de dinero.
- Los convenios navarro y vasco no se tocan.
Podemos hablar de una recentralización de España por la vía económica. Tras la normativa sobre control de gasto autonómico y la nueva Reforma Local -que podría ir al Consejo de Ministros del viernes 11-, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (en la imagen) monitoriza todas las Administraciones: la central, la autonómica y la local.
La nueva norma sobre corporaciones locales potencia las diputaciones y reduce el poder de las comunidades autónomas. Justo en el momento en que el aparato regional del PP está en proceso de sucesión. Tres presidentes de comunidades autónomas (Castilla-León, Murcia y La Rioja) no repiten y en todas ellas se libran batallas por la sucesión, tanto en el partido como de cara al Gobierno. Y ojo, la Comunidad que más se ocupa por sus cuentas está dirigida por el PP: Valencia, donde el presidente Alberto Fabra todavía lucha por imponer sus criterios frente a consejeros y altos cargos nombrados por Francisco Camps. En cualquier caso, es la comunidad que tiene las cuentas menos claras.
Esa es la principal preocupación de Montoro, más que la cuestión catalana. Y es que el titular del Fisco y de los Presupuestos ha dado una orden muy clara: nada de discusiones políticas: es en el dinero donde hay que apretarle las clavijas a los catalanes. De política y soberanismo que hable Artur Mas. No se le contesta y en paz.
Por cierto, la norma básica de funcionamiento para monitorizar la Administración es muy clara pero apenas ha sido reseñada en la Red: es la conocida en el Ministerio como norma de los 30 días. Si una comunidad autónoma, o un ayuntamiento, no paga a un proveedor en 30 días sobre la fecha prevista, éste puede acudir al Estado y le satisfará la deuda. Ahora bien, 30 días después -la revisión es mensual- el Estado le quitará a esa comunidad o a ese ayuntamiento el dinero abonado.
Realmente, sin ningún cambio constitucional o de estatuto, ningún ministro en toda la democracia ha tenido tanto poder sobre las administraciones como Cristóbal Montoro. Y sin hacer política, simplemente limitándose a ejercer de contable.
Eso sí, hay dos excepciones: Navarra y Euskadi con sus convenios forales. Porque en esas dos comunidades son ellos los que recaudan, no el Estado central. Pero seguro que se le ocurre algo.
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com