Las decisiones de las juntas tienen categoría de decreto El peaje exigido por el PNV para aprobar los PGE del 2010 es que el cierto económico vasco quede blindado.  Es la tajada de este año. La situación es muy complicada tanto jurídica como políticamente, reconocen desde Moncloa. Y es que las decisiones adoptadas por las juntas forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Vitoria tienen categoría jurídica de decreto. Por lo tanto, son anulables por los juzgados ordinarios, cosa que no ocurre con las leyes, que emanan de un Parlamento y no de un Ejecutivo.
Elevar de rango las decisiones de las juntas no es viable técnicamente. Otra cosa sería que el Parlamento hiciera suyas las decisiones de las juntas forales, único Gobierno conservado por el PNV. Pero eso sería tanto como que el PSE y el PP bendijeran el Gobierno de facto de las juntas forales. Por eso desde el PP nacional se muestra la distancia aunque Basagoiti se muestra comprensivo y lance su órdago a la dirección nacional: que vengan aquí y que se presenten ellos. El propio Gobierno central tampoco lo tiene claro, aunque como es lógico, si existe voluntad política para sacar adelante los presupuestos, todo escenario es posible.