Ha sido una ofensiva periodística en toda regla. Antonio Mata, presidente de Aerolíneas Argentinas, asegura que se dispone a levantar la suspensión de pagos, con 90 millones de dólares, y que lanzará la compañía a Bolsa, para vender un 45% del capital con la consiguiente creación de un núcleo duro de accionistas.

Lo curioso es que esos 90 millones de dólares se parecen mucho a los 85 millones que la SEPI aún no ha proporcionado a Marsans dentro del programa de  reflotamiento de Aerolíneas. Por el momento, oficialmente la SEPI no reconoce haber pagado ese dinero a Marsans. Es más, Ángel Fernández, director de Gabinete de Enrique Martínez Robles, aseguró a los procuradores argentinos que llevan el caso del concurso de acreedores que todo el contrato de venta de Aerolíneas había pasado al Tribunal de Cuentas. Un Tribunal que ofrecerá su veredicto  dentro de unos 45 años.

En cualquier caso, las palabras de Mata suponen prejuzgar tanto la decisión de la juez Norma Beatriz di Notto, que estudia la demanda por fraude en el concurso de  acreedores, como la actitud del Gobierno argentino de Néstor Kirchner, quien ha impugnado las cuentas de la compañía correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003, aunque, según Mata, esto no tiene importancia. Lo cierto es que si la jueza no declara inocente al Grupo Marsans del presunto concurso fraudulento de acreedores y si el Gobierno no retira sus impugnaciones, la salida a Bolsa no es posible.

Por si fuera poco, el sindicato APTA, mayoritario en la compañía, acaba de denunciar que el Executive Jet, el avión alquilado a Néstor Kirchner, sufre pérdidas de combustible en el vuelo, pérdidas que afectan a la seguridad del aparato. Fue el mismo avión B-737, matrícula LV-JTD, que Marsans puso a disposición de Carlos Menem durante su enfrentamiento electoral con Kirchner. El mal estado del avión se ha convertido en portada del diario argentino Crónica.

No obstante, ahora todo depende de si la SEPI del PSOE otorga los 85 millones de dólares pendientes a Aerolíneas, a los que podríamos vernos obligados a sumar en un futuro los 160 millones de euros (no de dólares) provisionados en los actuales Presupuestos Generales del Estado español para 2005, por si surgen más imprevistos. Y esto porque el PSOE convirtió la privatización de Aerolíneas en un escándalo parlamentario, en el que se acusaba al Partido Popular de haber dado dinero público al Grupo Marsans sin los debidos controles. Pero no es lo mismo estar en la oposición que en el Gobierno.