En el último Debate de la Nación, se observa perfectamente las tendencias no ya políticas sino de interés de todos los grupos parlamentarios, proponen insistentemente la necesidad de reformar aún más el mercado laboral, hay otras formas de bajar los gastos y aumentar los ingresos en lugar de centrase en los trabajadores que siempre estamos sujetos a nóminas y somos más fáciles de controlar.
El ejecutivo ha tomado una medida inmediatamente tachada de populista por el máximo representante de la oposición, en línea a la misma manifestación realizada por un banquero de renombre, esta medida no es otra que aumentar hasta 961€ el mínimo que deben de dejar al embargado, perjudicial para los bancos porque tardará más en recuperar el préstamo, pero aceptada posteriormente por el resto del arco parlamentario a condición de obviar la mejor, "Dación en Pago", verdadera solución que obligaría a reajustar los precios del mercado inmobiliario inflado artificialmente.
La clase política demuestra no representar a la ciudadanía, sino a ciertos ciudadanos, por ejemplo: abogan por compatibilizar ciertas profesiones libres (abogados, médicos) a percibir de la SS su jubilación (seguro que no mileurista) y seguir trabajando, cuando al resto de los trabajadores nos la niega, otra es igualar a los abogados con los autónomos en las deducciones en el IRPF de las cuotas de sus Mutualidades, muchos autónomos se ven en apuros para poder pagarlas y percibir a su jubilación el sueldo base, si ha cotizado el tiempo suficiente, nuevo agravio comparativo (la mayoría de los diputados son abogados), proponen la reducción de funcionarios y la desaparición de las Empresas Públicas (con la privatización).
Para reformar de verdad hay otras propuestas eficaces y algunas podrían ser: reducir sueldos a los cargos públicos, ninguno debería de ganar más que el presidente del Gobierno, hay alcaldes de pueblos, ciudades y presidentes de CCAA que le superan, reducir gastos inherentes a esos cargos, eliminar los puestos de confianza y las duplicidades con el Estado en las CCAA y Administraciones locales, aumentar el impuesto al patrimonio y a las grandes fortunas, o que el periodo de cotización a la SS de los Diputados (ahora siete años), sea igual al resto de los trabajadores.
José Enrique Centén Martín
