Durante un viaje del entonces presidente argentino, Carlos Menem, a Washington, el político peronista saludó con todo protocolo a un hombrecillo que podría haber pasado por un buen oficinista. Un periodista argentino que cubría el viaje se aproximó a su presidente para enterarse de quién era aquel personaje a quien el hombre de la Casa Rosada trataba con tanta deferencia a aquel desconocido: "Es el propietario del 70% de la deuda argentina".
El susodicho representaba a una serie de fondos de inversión y de pensiones, ligados al banco de inversiones Lehman Brothers. Y todo el mundo sabe lo que eso significa. Para un Gobierno es vital captar capital foráneo que adquiere sus bonos. Sin deuda pública, la maquinaria del Estado (policías, maestros, sanitarios, militares, jueces y, sobre todo, pago de pensiones) deja de funcionar. Si existe un mercado financiero clave, ese no es ni el mercado de divisas ni la Bolsa: es el mercado de deuda pública.
Ahora bien, ahí es donde surge el problema. Son los intermediarios financieros quienes compran títulos de deuda, por lo general para revenderlos a sus clientes particulares. Ahora bien, cuando un país o una empresa entra en crisis, son los grandes fondos de inversión (lo que en la Argentina llaman fondos buitres) quienes adquieren a bajísimo precio unos bonos, cuya seguridad de cobro es, cuando menos, dudosa. Como decíamos ayer, estos bonos se pueden comprar en situaciones límite (por ejemplo, la producida en la Argentina con la crisis del corralito) a un 15% del nominal.
Es lo que en la jerga financiera se conoce por el mercado de los "Distress Debt". Fondos de alto riesgo, bancos de inversiones y sociedades de Bolsa siempre pendientes de países o empresas en crisis, dispuestos a comprar barato para luego negociar caro con los emisores.
La verdad es que su actitud buitresca sería poco censurable en un sistema de libre mercado. Pero resulta más censurable la confusión que entre lo privado y lo público se realiza en el seno del Fondo Monetario Internacional, un banco prestador de última instancia, financiado con dinero público para paliar crisis de pagos. Porque los funcionarios del FMI (y eso está ocurriendo ahora en la Argentina) defienden los intereses de sus propios socios capitalistas, es decir, el dinero público, al tiempo que fuerzan a que los estados soberanos paguen a esos acreedores privados, generalmente intermediarios, no suscriptores del mercado primario.
Por cierto, este tipo de fondos están muy apalancados, así que su quiebra es algo que siempre contemplan con temor bancos y gobiernos. En definitiva, que gracias a un sistema perverso, personificado en el FMI, los representantes de los intereses públicos se baten el cobre por los más ruines intereses privados: los de los fondos buitres. Exclusivamente especulativos.
