- El estudio afirma que, en centros penitenciarios, el margen para el empresario fue superior a los 2.000 euros por trabajador y mes, el doble del sueldo del guardia jurado.
- "Se trata de una privatización de la seguridad pública mientras nuestras plantillas siguen congeladas y nuestras condiciones de trabajo empobrecidas", denuncia el secretario general de la UFP, Javier Arrillaga.
- Como explicamos este jueves, la violencia que preocupa al español no es la gran violencia terrorista sino la violencia cotidiana y la ofensa gratuita.
- Y dejar la seguridad privada en manos del empresario es muy peligroso.
El proyecto piloto de la seguridad en los perímetros de los centros penitenciarios durante nueve meses se licitó por 7.391.547 euros, es decir, 821.283 euros mensuales. El proyecto incluye la creación de 56 puestos de trabajo de 24 horas y uno de 12. Es decir, 254 trabajadores si se respetan las 40 horas de trabajo semanales. Aun así, el coste duplica el de la seguridad pública. Como obviamente esos sueldos no los recibirán los trabajadores, hablamos de un margen para el empresario de más de 2.000 euros por trabajador y mes, el doble del sueldo del guardia jurado. "Da la sensación de que la nueva Ley de Seguridad Privada es un regalo de Reyes del gobierno a las empresas de seguridad privada", sentencia Arrillaga, quien también apunta a la posibilidad de que "el gobierno esté buscando una salida para los escoltas".
Los beneficiarios del proyecto piloto de la seguridad perimetral de las cárceles son Ombuds, Coviar, Seguriber, Prosegur Segur Ibérica, Prosetecnisa, Seguritas, Sabeco, Vinsa y Alentis. "Si la Ley de seguridad privada ve la luz como ha salido del Congreso, estaremos ante un cambio encubierto del modelo policial en el que los perjudicados serían los ciudadanos y los beneficiados los intereses empresariales de las compañías de seguridad", denuncia Arrillaga. "Se trata de una privatización de la seguridad pública mientras nuestras plantillas siguen congeladas y nuestras condiciones de trabajo empobrecidas", apunta el secretario general de la UFP, quien añade su reivindicación de un estatuto propio que reconozca la singularidad del trabajo policial. "Igual que el que han conseguido los inspectores de Hacienda".
Como explicamos este jueves, la violencia que preocupa al español no es la gran violencia terrorista sino la violencia cotidiana y la ofensa gratuita: la mala educación, la falta de respeto a la mujer, al niño, al anciano, al débil, etc. Por no hablar de los atracos callejeros, en el propio hogar... Ahí es donde hay que poner disciplina, en la medida de los posible, con la nueva Ley de Seguridad Privada.
También denunciamos el hecho de que los agentes de seguridad privados se conviertan en agentes de la autoridad porque es peligroso. Como agentes de la autoridad sólo deben ejercer jueces y policías. No hay que privatizarlo todo ni la seguridad, como dice el sindicato policial UFP, puede dejarse en manos de empresarios.
Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com
