• La medida del Ministerio de Empleo no acaba con la picaresca, a pesar de que se supedita a la formación y la búsqueda de trabajo.
  • Muchos empleados de la economía sumergida no afloran precisamente para poder seguir recibiendo ayudas.
  • Por eso muchos subsidios desincentivan para la búsqueda de trabajo.
  • En España hay 750.000 hogares sin ningún ingresos, lo que elevaría a 3.000 millones la partida presupuestaria.
  • El gasto de 'la paga a las familias sin ingresos' esconde lo propagandístico de la medida: es incompatible con cualquier tipo de renta.
  • Con esa misma ayuda por hijo, la partida para el Estado sería mucho menor: 2.400 millones anuales.

El Ministerio de Empleo, que dirige Fátima Báñez (en la imagen) negocia con los llamados agentes sociales (patronal y sindicatos) destinar una ayuda de entre 400 y 450 euros a las familias sin recursos, las que no cuentan con ningún tipo de ingresos. Lo avanzó este jueves el diario ABC, que aporta también las condiciones para el pago, a partir de enero de 2015, y la partida presupuestaria que supondría. En realidad se trata de una 'trampa' más de la política social del Gobierno, que se presta más al titular que a la realidad de la cuestión.

Vamos por partes. Disfrazado con el argumento de que se trata de "proteger a los más vulnerables y que nadie se quede desatendido", que suena muy bien, se oculta lo más importante: que esas ayudas ya están en marcha y las pagan las comunidades autónomas y serán las autonomías, por tanto, las que seguirán pagando, al margen de la nomenclatura que finalmente decida el Gobierno.

La medida beneficiaría, teóricamente, a los 750.000 hogares sin ingresos que hay actualmente en España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con una paga mensual de 400 euros, el coste se elevaría a unos 3.000 millones. ¿Dónde está la trampa En las condiciones para recibir esa ayuda: que no haya ningún tipo de rentas del trabajo ni de la propiedad (por un alquiler, por ejemplo), ni subsidios de ningún tipo (con los que ya cargan actualmente las autonomías o los ayuntamientos) ni de pensiones. Suprimidos esos conceptos, apenas quedan potenciales beneficiarios de esa ayuda estatal.

No es de extrañar, por tanto, que el mismo Ministerio de Empleo reduzca a 1.000 millones el coste de la medida. El Gobierno está trabajando, asegura ABC, en la elaboración de un registro estatal de beneficiarios de subvenciones o subsidios para evitar que algunos parados cobren varias ayudas y otros, ninguna. La pregunta es obvia: si en algunas autonomías las ayudas superan los 600 euros, como Navarra, País Vasco, Andalucía o Cataluña, ¿quién va a renunciar a esa ayuda para recibir la estatal

Segunda trampa. La intención de la medida estaría indefectiblemente ligada a la formación y a la búsqueda de empleo. Es obvio que no será así porque, como demuestra la realidad cotidiana, la práctica habitual de trabajadores inmersos en la economía sumergida, si cobran un subsidio, es precisamente la contraria: seguir en la economía sumergida para poder cobrar la subvención. "La necesidad aviva el ingenio", decía Miguel Delibes… y la picaresca también. Esa es la razón de que muchos subsidios desincentiven en la práctica la búsqueda de trabajo.

Llegados a este punto, es razonable canalizar otro tipo de ayudas que seguro llegarán a quienes las necesitan porque no hay picaresca posible. Por ejemplo, si España tiene un problema de natalidad galopante, que hace inviable el relevo generacional, ¿no sería más sensato destinar partidas semejantes por cada hijo nacido Es la fórmula común en Europa, que gracias a ello no tiene un problema del calibre de España.

En nuestro país las ayudas por hijo son de 100 euros al mes para las madres trabajadoras y durante tres años. En Europa, esas ayudas, infinitamente más generosas, se alargan hasta los 18 años de la 'criatura'.

Por buscar un término medio, siempre sensato. Si el Estado diera la ayuda de 400 euros mensuales a las familias con un hijo y teniendo en cuenta que nacen menos de medio millón de niños, supondría para el Estado una partida de 200 millones mensuales, que ascenderían a 2.400 millones anuales. Pues bien, a pesar de los pesares, la partida sería mucho menor que los 3.000 millones para las familias sin recursos.

El Gobierno, si quiere ayudar a las familias de verdad -algo no muestra se mire como se mire- trazaría otras cuentas.

Mariano Tomás

mariano@hispanidad.com