Una hemorragia de placer sacude a Su Señoría tras haber conseguido reeditar la Guerra Civil en versión burguesa, una guerra civil fría, con dos españas enfrentadas con idéntico entusiasmo que en 1936, con odios igualmente intensos pero sin llegar a empuñar las armas, porque si la Guerra Civil fría se convierte en caliente... ¡te pueden matar!
Don Baltasar ha conseguido una nueva Guerra Civil alrededor de su persona pero, además, ha conseguido que impere el sectarismo con la misma fuerza que durante la II República. Al igual que ocurrió con el caso de las cesiones de crédito, con don Emilio Botín, la fiscalía trabaja para el acusado y con ello rompe el Estado de Derecho. Ya ocurrió lo mismo con el caso de las cesiones de crédito y de don Emilio Botín: hablábamos entonces de un delito fiscal pero -¡cosas veredes, Sancho!- que los dos representantes del damnificado -la Hacienda Pública- pero si los representantes de los damnificados, es decir, la abogacía del Estado y la Fiscalía del Gobierno renuncian a acusar, Botín se va de rositas.
Aquí sucede lo mismo. La Fiscalía del Estado debería ser la primera interesada en que una institución clave de ese Estado, los jueces, no prevariquen. Ahora bien, si la Fiscalía, cumpliendo órdenes del Gobierno y del más sectario de los fiscales generales del Estado, el señor Cándido Conde Pumpido defiende a Garzón en lugar de encausarle, entonces no hay nada que hacer.
Se atreve el fiscal incluso a decidir quién tiene categoría para acusar a Garzón e insiste en cargarse la acción popular, una de las genialidades de la justicia española desde el siglo XIX, especialmente para luchar contra la prepotencia de los poderes públicos, contra la tiranía y la corrupción.
Pero lo peor es que si la Fiscalía es quien decide quién puede solicitar justicia y quién no, entonces nos estamos cargando el Estado de Derecho. Sobre todo, siendo quien es el fiscal general del Estado.
La Justicia es lo más corrupto que existe en España; la Fiscalía es lo más corrupto de la justicia.
Eulogio López
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