Mucho se han agitado los ambientes eclesiásticos tras la publicación que Hispanidad hacía el pasado viernes de la circular de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) en la que amenazaba a los centros que acogieran la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía con la pérdida del concierto. En Hispanidad nos consta que la publicación de la carta ha removido los cimientos de la organización de los religiosos de la enseñanza. Ahora estamos a la espera de la respuesta de los obispos.
Pero hay un detalle que nos comenta un lector que quizás haya pasado inadvertido: la perspectiva empresarial. No en vano, la FERE es –además de una organización eclesial- una patronal de centros religiosos. Como tal patronal, trata de maximizar su cuota de mercado y garantizar su viabilidad económica, lo mismito que la patronal laica, la CECE. Para ello –nos señala nuestro lector, fuente empresarial- le interesa recortar las ventajas de sus competidores: centros privados y colegios públicos. Esto es lo que explica que esté en contra del cheque escolar y de la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía (EpC).
Veamos. El cheque escolar permitiría que algunos padres que hoy optan por colegios concertados acudieran a centros privados, que –en general- tienen mejor calidad de enseñanza e instalaciones. Sin cheque escolar la competencia de los centros privados se hace menos atractiva por imposible para muchos bolsillos. Una competencia menos. Además, cabría añadir que el cheque deposita el dinero –y el poder- en los padres, mientras que los actuales conciertos otorgan esos fondos –y ese poder- en las congregaciones religiosas que regentan la inmensa mayoría de los centros concertados. Donde pueda controlar yo, mucho mejor que los padres, que ya se sabe que no saben educar a sus hijos.
Esto explica la abierta agresividad que los religiosos de la enseñanza manifiestan sobre quienes defienden el cheque escolar: se les mira cómo el enemigo a batir, con la misma intensidad incluso que al laicismo militante. O más, que es peor…
Sigamos. La oposición a la objeción de EpC podría explicarse por la misma lógica. El secretario general de la FERE, el P. de Castro, señala en la circular que no hay riesgo de que EpC contamine a los centros concertados porque estos gozan de carácter propio. Sin embargo, reconoce –por vez primera, como ya hemos dicho- que "podría tener sentido en los centros públicos". Un gesto insolidario, que podríamos traducir de la siguiente manera: está bien que los centros públicos manipulen a los alumnos porque de ese modo los padres que deseen una buena educación para sus hijos –no necesariamente católicos- nos los traerán a nosotros, huyendo del adoctrinamiento. De esta manera, ya tenemos al segundo competidor también anulado, con lo que nos garantizamos una presencia preeminente en el mercado. Por supuesto, es sólo una hipótesis, pero es tan coherente, que da escalofríos. La educación no es ni puede ser, ni debe ser un negocio. Si lo fuera, los grandes bancos ya tendrían sus inversiones educativas... ¡P. de Castro, dimisión!
Luis Losada Pescador
