En 2010, a la constructora ACS, propiedad de Florentino Pérez, el Grupo March y los Albertos, le vencían 2.700 millones de euros de deuda. Ha refinanciado 1.600 millones hasta 2012. En 2011, la cosa empeora, pues les vence deuda por 5.200 millones de euros. De esa cantidad, 2.300 son deuda ya refinanciada que vencía en 2009. En 2012 le vencen otros 2.300 millones de euros.
Estamos hablando de una deuda neta que supera los 9.300 millones de euros frente a unos fondos propios de 4.400.
Por cierto, de esos 9.300 millones, 4.400 corresponden a la inversión en Iberdrola, que, al revés de lo que ocurría con Fenosa, no consolida por integración global. De hecho, consolida de aquella manera porque no han entrado en el Consejo, ergo no influye en la gestión.
Por otra parte, con esa deuda, en su mayor parte avalada por las propias acciones de lo comprado -ese viejo vicio de la empresa y la banca españolas- pensar en que ACS cumpla su amenaza de conseguir el 20% de Iberdrola resulta difícil. Ojo, porque el ejercicio 2009 se salva con los fuertes atípicos de la venta de Fenosa pero, ¿qué pasará en 2010, sin ingresos recurrentes de la eléctrica?
¿Y marcharse? Imposible. El coste medio reconocido por la propia empresa -hablamos de las acciones, no de derivados- ha sido de 9,2 euros por acción, cuando ahora cotiza en la frontera de los seis euros: la minusvalía sería feroz.
Tampoco funcionó el intento de sindicación con la BBK. Por tanto, ahora sólo queda la judicialización, ese procedimiento lento de resultado incierto y costas elevadas, aunque no más elevadas que el coste financiero de los derivados eternamente renovados. En cualquier caso, la Junta de Iberdrola será el 26 de diciembre. Por tanto, el telón de la comedia se iniciará una semana antes y concluirá con la presentación de una demanda una semana después de esa fecha. Y si no, pues será que la obra se ha anulado.
Miriam Prat
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