No hay que remontarse demasiado lejos ni en la Historia ni en Geografía. La Constitución de la República de 1.931 establecía el derecho de todos los españoles a no ser obligados a hablar una lengua diferente al castellano. No se prohibían las otras lenguas del Estado, pero si se daba preeminencia al castellano como lengua vehicular de todos los españoles.
De esta manera quien quisiera dirigirse a una administración en catalán -por ejemplo- podría hacerlo. Pero no se podría obligar a los funcionarios a responderle en catalán. Y lo mismo se aplicaba a jueces, militares, etc. De esta manera se propiciaba una movilidad geográfica que hoy se hace cada día más difícil.
Esta norma ha sido sustituida de facto por el derecho a manifestarse públicamente en la lengua madre. De esta manera, se impone de facto el pancatalanismo y la marginación del castellano. Una realidad ya en instituciones como el Parlament de Cataluña, siendo Cataluña una sociedad plurilingüe.
Más peligrosa es la política de inmigración. Cataluña está privilegiando la inmigración marroquí o subsahariana que no habla ni español ni catalán, de manera que la lengua que aprendan sea exclusivamente el catalán. De esa forma se le impedirá el acceso al mercado de trabajo nacional (de España, se entiende). Pero da igual. Y lo más curioso es que el Estado deja de hacer. ¿Qué pasaría si el Estado obligará a los inmigrantes regularizados a pasar un examen de español como se realiza en otros países para propiciar la integración? No parece que sea la tendencia de las cosas.
