Estos padres presentaron los escritos de objeción correspondientes a 3 de sus hijos el 18 de abril de 2008, sin que el Gobierno de Esperanza Aguirre se dignara siquiera a contestarles. También presentaron la objeción de su hijo mayor y, en ese caso, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid respondió al colegio, 6 meses más tarde, mediante un escrito super-ambiguo que permitía que el chico fuera evaluado realizando un trabajo y una actividad de voluntariado. En el mismo escrito, la Comunidad no respondía si reconocía y aceptaba o no el derecho de objeción de conciencia a EpC.
Posteriormente, el 27 de febrero de 2009 la Consejería de Educación envío al centro escolar otro escrito que daba cuenta de las sentencias del Tribunal Supremo sobre objeción a estas asignaturas. El nuevo documento creaba una enorme confusión e inseguridad jurídica: no aclaraba si la Comunidad de Madrid reconocía o no el derecho de los padres a objetar ni explicaba cómo debían ser evaluados los alumnos objetores. Los padres escribieron a la Consejería de Educación para pedir aclaraciones pero no obtuvieron contestación alguna.
En diciembre de 2009, los padres objetores presentaron un escrito de queja ante el Defensor del Pueblo contra la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. En el mismo solicitaban al Defensor del Pueblo que tomara medidas para que la Consejería de Educación Madrileña respondiera a los objetores a EpC y aclarara el silencio administrativo relativo a los escritos de objeción así como la forma de evaluación de los alumnos objetores.
Pues bien, en mayo de 2010, la Oficina del Defensor del Pueblo ha contestado a los padres indicándoles que la Consejería de Educación no les ha remitido el informe sobre su caso que le habían solicitado, por lo que lo vuelven a requerir con carácter urgente.
Estos mismos padres han llevado su caso al Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid (que admitió a trámite su queja) y han presentado recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid contra la Consejería de Educación por denegación (por silencio administrativo) de su derecho a objetar.
«Con su indiferencia y dejadez», afirma María Menéndez, portavoz de la plataforma de padres objetores Madrid Educa en Libertad, «la Consejería de Educación pone en entredicho derechos fundamentales de ciudadanos a los que parecen despreciar. Muchos padres se están cuestionando su voto en las próximas elecciones madrileñas si no se resuelve este gravísimo asunto.
Y es que la Consejería de Educación madrileña está desempeñando un lamentable papel en relación con los objetores a EpC. Madrid Educa en Libertad ya informó de la investigación que estaba llevando a cabo el Defensor del Menor de una presunta discriminación sufrida por una alumna objetora en un centro educativo madrileño.
Madrid Educa en Libertad
