La semana pasada afirmó la delegada que era un acto festivo. Ahora quiere saber si atenta contra los valores constitucionales.
Lo peor de todo es la publicidad que se le está dando al acontecimiento, cuando hubiera sido todo más sencillo si desde el principio se hubiera impedido que se celebrara "la procesión atea". La razón: evitar posibles altercados. No hubiera hecho falta más.
Pero desde el Gobierno no se quiso hacer nada. La delegada del Gobierno en Madrid, con total desfachatez, calificó de "evento festivo", cuando no hay más que leer la convocatoria y las palabras usadas para descubrir que lo único que tiene de festivo son los insultos, la blasfemia, etc… -también hay que tener en cuenta que para los romanos, las matanzas en los circos eran también algo festivo, por lo que quizás de ahí la analogía-.
Así pues, después de que el Ayuntamiento de Madrid haya manifestado que no permitirá la manifestación, la pelota ha regresado a la delegada del Gobierno, María Dolores Carrión, que ha pedido a la Abogacía del Estado un informe en el que se valore si el acto de Lavapiés atenta o no contra los valores constitucionales. Un detalle que creo que lo demuestra es que uno de los grupos convocantes -que ahora ha sido excluido-, la organización Ateos en Lucha, apoya la quema de iglesias en la República, lo que pretendía subrayar al pasar por delante de las Escuelas Pías. Todo un ejemplo de valor constitucional.
Juan María Piñero
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