El Viernes 7 de Abril pasado, el Ministerio de Planificación Federal argentino comandado por Julio De Vido, conjuntamente con el de Economía dirigido por Felisa Micelli, presentaron ante Juzgado Comercial N:15, Secretaría N:29 de Buenos Aires, a cargo de la Jueza Di Notto, el Informe Final completo del Tribunal de Cuentas de España, N:705 difundido en su totalidad sólo por Hispanidad-, sobre la fiscalización de las operaciones realizadas por el sector público estatal en relación con Aerolíneas Argentinas S.A. (ARSA.).
Dicho texto de 178 páginas, obtenido del sitio oficial en internet del Tribunal de Cuentas español, fue entregado por el gobierno de Kirchner en el juzgado de Di Notto, como ampliación de la prueba documental informativa a sus impugnaciones de los tres balances de Aerolíneas Argentinas elaborados por Marsans. Se requirió además a la Jueza, que solicite al Tribunal de Cuentas copia certificada del mismo.
El mencionado Informe, ya había sido presentado en el Juzgado de Instrucción N:35 de Madrid, por el letrado querellante Rafael Caro Moya, en la causa donde Gonzalo Pascual, Gerardo Diaz y Antonio Mata, están imputados por falsedad documental, estafa procesal, delito tributario y apropiación indebida de fondos públicos españoles; y en la que debido a nuevas evidencias surgidas y corroboradas por el Juzgado Comercial 15 de Buenos Aires, la querella solicitó a la Jueza madrileña, hace ya más de dos meses, la prisión provisional sin fianza para Mata y la libertad condicional para Pascual y Díaz..
Como reveló Hispanidad, las conclusiones del Tribunal de Cuentas son sumamente críticas con el Grupo Marsans, en relación al desvío realizado de fondos públicos españoles destinados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para sanear Aerolíneas Argentinas y reactivarla junto con su vinculada Austral, aplicándolos a otros usos no autorizados por en el contrato de compraventa celebrado con Marsans, violaciones efectuadas incluso con el consentimiento de los funcionarios de SEPI bajo la administración de AZNAR, presidida entonces por Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer. Asimismo, en sus conclusiones el Tribunal de Cuentas indica incumplimientos importantes por parte de Marsans en sus obligaciones contractuales de inversión, como la referida a la incorporación de 23 aeronaves. Sin embargo, Marsans continúa exigiendo a la SEPI el desembolso de otros 250 millones de dólares, por supuestas obligaciones impagas más intereses, que de ser aprobado se sumarían a los 808 millones de dólares que SEPI casi en su totalidad ya le entregó.
No es extraño que el gobierno argentino haya presentado ante la justicia el Informe definitivo del tribunal de Cuentas, dado que hace un mes también los ministerios de Planificación Federal y Servicios Públicos y el de Economía uno por ser su área de incumbencia exclusiva y el otro por ser el titular de las acciones estatales de Aerolíneas- , efectuaron una ampliación a las impugnaciones de los balances de dicha compañía, ratificando y agregando acusaciones contra Marsans por, aprobación fraudulenta de su propuesta de salida concursal de Aerolíneas Argentinas; fraude contable en los balances presentados debido al aumento doloso de los pasivos empresarios, perjudicando al Estado argentino y a los trabajadores como accionistas minoritarios; sumado, al vaciamiento de Aerolíneas Argentinas a favor de otras compañías del holding Marsans.
