La "Asociación por el Derecho a Decidir" es la pantalla de las "Católicas por el Derecho a Decidir". Tienen la misma sede social, hacen las mismas actividades, utilizan el mismo logo y están dirigidas por las mismas personas. Tan sólo tratan de ocultar su verdadera identidad porque la vida en la Argentina está constitucionalmente protegida desde el momento de la concepción. Su objeto social es directamente anticonstitucional. Su actividad está financiada por lobbys aborteros norteamericanos. Aún así, la Administración Kirchner rechaza la retirada de su personalidad jurídica.

 

Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Pero no tanto como lo tenía previsto el Jefe. Las aborteras argentinas saben que la Asociación "Católicas por el Derecho a Decidir" está demasiado vinculada al aborto, actividad penada y contraria a la Constitución en Argentina. Así que han optado por clonarse con otra asociación, "Derecho a Decidir", con el ánimo de evitar problemas con la Administración.

 

Sin embargo, su falta de astucia -o su pereza- les hace domiciliar ambas sedes en el mismo domicilio, calle Sucre 26, planta alta, de la ciudad de Córdoba (Argentina). Por si fuera poco, utilizan el mismo logo ginecológico con las letras CDD. No sólo eso, en la memoria de actividades, se hace permanente referencia a las actividades de la red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD/AL) y se presentan como la rama hispana de la norteamericana "Catholics for Free choice". Vamos, una pantalla más bien transparente.

 

En la memoria de 2001 podemos leer que se realizó en Brasil la Asamblea Regional de la Red de Católicas por el Derecho a Decidir en la que participaron "representantes de todas las oficinas y grupos de la Red CDD/AL". También participaron en la "campaña 28 de septiembre", día de la despenalización del aborto en América Latina.

 

En los estatutos, las fundadoras afirman que sus objetivos responden a la organización internacional "Católicas por el Derecho a Decidir", la entidad que coordinará la estrategia despenalizadora del aborto en los diferentes países de América Latina. Objetivo, como se observa, abiertamente anticonstitucional.

 

Todo ello financiado desde el exterior. En 2001, la norteamericana Fundación Ford colaboró con la aportación de 99.458 pesos; la también estadounidense Catholics for a Free Choice con 59.387; International Woman Health Care, 25.831; la holandesa HIVOS con 20.859; T.G.F.F.W con casi 10.000 pesos. Además, el lobby abortista argentino, LUSIDA, programa presidido entonces por la abortista Mabel Bianco, también aportó 28.500 pesos. El resto fueron ridículos 400 pesos de donaciones nacionales y 432 de cuotas de socios.

 

Es lógico que las cuotas de los socios no dieran para mucho. En su constitución el 6 de marzo de 1998, las "Derecho a Decidir" -sin Católicas-  eran apenas 14 personas. En 2002, la cifra ascendía a 17.  Eso sí, tres de ellas eran extranjeras: Mª Consuelo Mejía, Pilar Sánchez y Regina Soares. Es decir, que implantación social no parece que tengan mucha. Sin embargo, y a pesar de la escasa raigambre ciudadana y de la archidemostrada financiación extranjera para promover el penalizado e inconstitucional aborto en Argentina, la Dirección de Inspección de Sociedades Jurídicas de Córdoba resolvió el pasado 18 de agosto rechazar el recurso presentado por el abogado Jorge Scala para la anulación de su personalidad jurídica.

 

Un ejemplo más de que la Administración montonera del presidente Kirchner está peligrosamente comprometida con causa abortera y dispuesta a echar por tierra la cultura de la vida promovida por la Presidencia de Carlos Menem, que ahora anuncia su voluntad de regresar al sillón presidencial de la República. El pueblo argentino se encuentra atrapado entre el menemismo de riqueza artificial, liberal, coimero y defensor de la vida, y el montonerismo de Kirchner, abortero, demagógico, y anticapitalista. Vaya elección.

 

Luis Losada Pescador