Tras el forzado acuerdo sindical, en la mañana del viernes 17 la Comisión continuaba poniendo pegas a la SEPI. El próximo ataque de la UE será RENFE. El modelo europeo consiste en un conjunto de multinacionales francesa y alemanas, con proveedores del resto de países de la Unión. España quedaría como un país de pymes.
Los negociadores españoles se desesperaban durante la mañana del viernes 17. Tal y como informábamos en Hispanidad.com (número 2099, en su edición del miércoles 15), y gracias al impagable apoyo de Comisiones Obreras y UGT al Gobierno Zapatero, se había aprobado, o forzado la aprobación, el plan de reconversión de los astilleros públicos Izar, que cuenta con una plantilla de más de 10.000 trabajadores. Una reestructuración que supone prejubilar (ojo, prejubilaciones obligatorias) o dar de baja a todo asalariado de más de 52 años, hasta un total de 4.000 trabajadores, cuyos salarios pagaremos ahora entre todos los españoles. Además, se segrega la actividad militar de la civil, sin que ésta segunda división tenga claro su futuro. Además, todo el mundo está convencido, incluidos directivos de SEPI, que esta reestructuración no ha hecho más que empezar y que, al final, toda la plantilla de los astilleros públicos españoles acabará en la Seguridad Social.
Pues bien, con todo, y pese a que el Gobierno Zapatero ha aceptado la bronca de Bruselas sin negociar un ápice, lo cierto es que la Comisión aún discutía algunos pormenores durante la mañana del viernes 17 y se negaba a dar luz verde. Competencia no ve claro el futuro accionarial de los astilleros civiles y ha prohibido los tratos de favor a la hora de lograr pedidos. En otras palabras, no quiere que el Gobierno español intente que empresas como Repsol YPF o Gas Natural soliciten pedidos a los astilleros públicos, porque eso atentaría... contra la libre competencia. Asimismo, las autoridades comunitarias no ven con buenos ojos la participación de cajas de ahorros en el accionariado de los astilleros. Por último, consideran que determinados pedidos militares que no están directamente ligados a la seguridad nacional. De hecho, el futuro Ejército europeo pretende cambiar las normas de contratación y de proveedores, algo que beneficiará a los tres grandes fabricantes de armamento. Alemania, Francia y Gran Bretaña.
Por otra parte, aprovechado el enfrentamiento entre socialistas y populares españoles, Bruselas ha utilizado el caso Izar como aviso para navegantes. Eso sí, ni Alemania piensa modificar su esquema de empresas públicas (aparentemente privadas, pero participadas por los lander) ni Francia, el campeón de las multinacionales estatales, acepta las normas que el presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles, ha admitido sin rechistar en el caso Izar. Francia continúa defendiendo a sus compañías públicas y no tolera que se le impongan despidos en sus empresas subvencionadas (mucho más subvencionadas que Izar), como por ejemplo France Telecom, Bull, Thompson, EDF o Gaz de France.
Al final, y a través de las reglas sobre libre competencia y de la normativa antisubvención, la Europa que se está prefigurando es un conjunto de multinacionales alemanas y francesas, locomotoras de la economía europea formada por 25 países, con proveedores de tamaño medio en la periferia europea. España, desde luego, le toca ser país de pymes y de servicios.
En el caso español, además, Bruselas ha conseguido con Izar crear un precedente aún más importante para cuando se privatice Renfe. Y esto en dos líneas de actuación. La primera, en que la compañía operadora heredera de los actuales ferrocarriles públicos tendrá que reducir su plantilla de forma drástica. De hecho, los sindicatos de Renfe ya se están planteando la batalla. Por otra parte, porque nuevamente en nombre de la libre competencia, Europa pretende renegociar también las infraestructuras. En el caso de Renfe, el GIF corre a cuenta del Estado por la sencilla razón de que la iniciativa privada no estaba dispuesta a acometer las fortísimas inversiones de, por ejemplo, la línea de alta velocidad ferroviaria. Ahora bien, el objetivo de Bruselas es que también las infraestructuras se sometan.
¡Guay de crear precedentes!
