Hasta en tres ocasiones han solicitado los padres objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) reunirse con Ángel Gabilondo. La novedad es que la semana pasada Marisa Pérez Toribio, presidenta de la federación España Educa en Libertad que agrupa a la inmensa mayoría de padres objetores, recibió una llamada del Ministerio de Educación por la que se la invitaba a una entrevista con la Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial, Rosa Peñalver.
A instancias de España Educa en Libertad, el Ministerio aclaró que la citada Directora General no tiene capacidad de decisión en esta materia y que se limitaría a trasladar a la Secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, las propuestas que pudieran formularle los padres objetores. Total, que después de tres años de polémica por la falta de diálogo del Gobierno, el Ministerio de Educación sigue ninguneando a los padres objetores mientras Gabilondo intenta vender un presunto «pacto educativo» que según dice «progresa adecuadamente».
Pero los representantes de España Educa en Libertad no cejan en su empeño y han vuelto a dirigirse por carta (que se adjunta) a Ángel Gabilondo, comunicándole que sus hijos permanecerán fuera de clase hasta que este conflicto se resuelva satisfactoriamente, algo que, según reconocen, «será difícil que suceda si ese Ministerio se obstina en mantenernos excluidos de cualquier conversación, debate o contacto encaminado a buscar una solución que pueda ser aceptable para todos».
En todo caso, Marisa Pérez Toribio recuerda dos condiciones irrenunciables previas a cualquier conversación con el Ministerio. Una es el reconocimiento de la primacía del derecho de los padres a formar libremente a sus hijos, según sus propias convicciones morales y religiosas; la otra, que su disposición a aceptar asignaturas obligatorias de educación cívica está subordinada a la garantía de que éstas no supongan un adoctrinamiento moral ni impongan una determinada visión de la persona y la vida.
Mientras, la vía judicial sigue su ritmo y ya son más de 180 las sentencias judiciales que, habiendo sido dictadas por un juzgado de Zaragoza y por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León después de las resoluciones del Tribunal Supremo del pasado mes de febrero, eximen a más de 350 alumnos de cursar EpC. Por otra parte, los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia tienen que pronunciarse sobre 245 nuevos recursos de padres que reclaman su derecho a objetar.
Y es que, según España Educa en Libertad, lo único que preocupa al Gobierno en relación con EpC es que sigue habiendo alumnos que no entran en clase porque sus padres han objetado. Por ese motivo, los padres seguirán informando y promoviendo la objeción a unas asignaturas que se entrometen en su derecho fundamental de educar a sus hijos según sus convicciones.
España Educa en Libertad
