La política fiscal de toda la sociedad actual es muy clara: consiste en gravar a quien se deja. Lo cual es injusto, pero es eficaz. Por ejemplo, en toda Europa la izquierda y la derecha, bueno, el conjunto de los partidos, están de acuerdo en que las cuotas sociales que sostienen el Estado del Bienestar en forma de impuestos sobre el empleo son demasiado altas, insostenibles, y que eso provoca paro y economía sumergida. El empresario no está dispuesto a pagar los fortísimos impuestos que supone la contratación de un trabajador, por lo que busca cualquier truco con tal de no comprometerse con sus obreros.

El diario El País llegaba (edición del lunes 16) a la conclusión de que los asalariados son los que soportan una carga impositiva desproporcionada, dada la amplitud del fraude a hacienda entre empresarios y profesionales liberales, una gran verdad compuesta de dos mentira.

Es cierto que el trabajo asalariado soporta esa presión, por la precitada regla imperante: están muy controlados, y es fácil luchar contra el fraude. Pero es mentira que los asalariados soporten ese peso : lo soportan los empresarios mucho más, dado que todo sale de la misma cesta y, en cualquier caso, el empresario paga en España más de un 75% de las cuotas sociales.

La otra mentira es la de los profesionales liberales, aunque sería más lógico hablar de trabajadores por cuenta propia o autónomos. En efecto, el que se ha creado su propia máquina de facturar sabe que no va a recibir del Estado lo que recibe un asalariado, ni en materia de subsidio de paro ni en materia sanitaria (los autónomos no se ponen enfermos) ni en materia de pensión. Por tanto, lo que hace es cotizar por la mínima en España hablamos de poco más de 200 euros al mes- bajo el siguiente esquema: pago menos y recibo menos.

Es más, el fraude se está dando, precisamente, por la vía inversa: los falsos autónomos. Empresas que contratan trabajadores pero les piden que se saquen el la licencia de trabajador por cuenta propia y facturen mensualmente. Así la empresa se ahorra el IVA, el trabajador les factura el coste de los 200 euros y pierde la Seguridad Social. El asunto es ilegal, claro está, dado que un trabajador por cuenta propia que factura siempre a la misma empresa no es un fontanero que hace un servicio y luego se va: es un trabajador interno sólo que cotiza como externo.

El asunto se está generalizando, y así seguirá mientras las cuotas sociales sean tan elevadas. Esto acelerará la quiebra de la Seguridad Social, ya muy achuchada por la pirámide demográfica invertida, es decir, por la ausencia de hijos jóvenes que paguen la pensión de sus padres.

La segunda característica de la fiscalidad moderna es consecuencia de la anterior. El impuesto sobre la renta de las personas físicas, es decir, los impuestos directos, se han quedado a la zaga de los indirectos. Si sumamos los ingresos por IVA (31,6%) y los procedentes de la tributación especial (12,43), que también son impuestos directos, se supera el 44% de todos los impuestos cobrados por el Estado, frente a un IRPF que no alcanza el 34%. Esto quiere decir algo muy sencillo : toda la estructura del Estado no depende de los ingresos, sino de lo que la gente consume. Algo parecido a decir que en el siglo XXI no hay que juzgar a la gente por lo que ganan, sino por lo que gastan, especialmente si consideramos que en una economía financieramente avanzada todo ahorro se convierte inmediatamente en inversión (o en especulación, pero dejemos eso).

Por tanto, el esquema fiscal, y hasta diría económico, del siglo XXI se caracteriza por esos dos aspectos: cuentapropismo, todo un estilo de vida, y prevalencia de los impuestos indirectos sobre los directos. Y si existen reticencias a que eso suceda, la razón es muy sencilla: la imposición directa es muy fácil de controlar, mientras que el fraude del IVA está a la orden del día. Por eso, por ejemplo, nunca se ha se ha puesto en marcha la genial idea de reducir las cuotas a cambio de aumentar el IVA. Las cuotas son mucho más injustas y provocan paro o falsos autónomos, pero están bien amarradas. El fraude en la Seguridad Social es mínimo. Por contra, el fraude del IVA exige un mayor control por parte de Hacienda, y el fisco tiene muy poca confianza en sus propias fuerzas. Y ningún político se va arriesgar, por ejemplo, a no poder pagar las pensiones o la Sanidad.

No se opta por lo más justo, sino por lo más fácil. Esto es política, señores.

Eulogio López