Segunda historia, Comunidad de Madrid. Una residente en Madrid acude a la Comunidad, para enterarse de las ayudas públicas para emprendedores, pues se ha quedado en paro y ha decidido montar su propia empresa –que, por cierto, ha montado-. No encaja en ninguna de las ayudas previstas. No está divorciada, no ha pasado por prisión, ni tan siquiera es prostituta. Es una mujer casada y con hijos. Pues bien, no encaja en ningún molde de subvención.
Tercera historia. Principado de Asturias. La susodicha tiene 35 años, titulación universitaria pero perdió el trabajo a los 30 y no ha encontrado empleo. No cobra ningún subsidio. Puede acudir a una renta de asistencia social (algo más de 300 euros mensuales) pero para ello la Junta le exige que sus padres declaren, por escrito, que no están dispuestos a atender a su sustento. Que la dejan en la calle, vaya. Esto es: sus padres no están dispuestos a mentir porque, en realidad, llevan ocupándose de su sustento desde hace años y pueden hacerlo, aunque ambos son funcionarios y el padre está a punto de jubilarse.
Cuarto caso, también en Asturias. Mujer casada y con hijos, que cobra la mencionada ayuda de asistencia. Su esposo la hace chapuzar, jamás ha trabajado. Ella se gana unos extras como empleada del hogar. Tras la norma fiscal sobre trabajo doméstico operativa desde el 1 de julio, el matrimonio anciano para el que trabaja le dice que quiere meterla en la Seguridad Social. Pero ella se niega, porque, si lo hace, pierde la subvención. Prefiere continuar en la economía sumergida.
Señores, este es el Estado del Bienestar y el Estado de las autonomías. Algo falla. A lo mejor, lo que falla es el sistema que hemos formado, consistente en atender las necesidades pero no en premiar los méritos. En otras palabras, el Estado del Bienestar fue un gran invento pero nos hemos olvidado de enseñar a la gente a valerse por sí misma, hemos convertido la excepción en regla… y nos hemos cargado el Estado del Bienestar. En España nos lo hemos cargado alrededor del Estado de la Autonomías.
