En él se detallan, ministerio por ministerio, los males innúmeros que podrían acogotar al país si el Gobierno dejara caer a Marsans. Porque claro, de eso se trata: Gobierno, o me ayudas o te hundo.
A Rodríguez Zapatero se le recuerda que, si cae Marsans, su Presidencia semestral de la Unión Europea quedará absolutamente desprestigiada; al de Trabajo, Celestino Corbacho, que se perderán más de 6.000 puestos de trabajo, entre empleos directos o indirectos. No se libra ni el titular de Interior -y todos ellos con foto adjunta en el Informe- al que se advierte sobre altercados con viajeros en hoteles, ni el mismísimo canciller Moratinos, al que se avisa sobre previsibles turistas españoles abandonados en el exterior.
El presidente y el vicepresidente de la CEOE, es decir, los que están negociando con ese mismo Gobierno la reforma laboral -por lo que se supone que serán durísimos en la defensa de los intereses empresariales- amenazan: si no adviertes a la banca de que me deje en paz, serás tú quien no tenga paz.
Está claro, en España se ha instalado la cultura de la subvención -por el propio Gobierno, en primer lugar- y el personal ya no sólo pide ayudas públicas sino que amenaza con los males del infierno en el caso de que dichas ayudas no se concedan y, ojo, con prodigalidad.
Lo peor de todo esto es el hábito de sacar adelante los negocios al estilo de los intermediarios bursátiles, es decir, con el dinero de los demás. Con el dinero público, que no es sino el dinero privado controlado por el Gobierno. Dinero que, además, genera déficit público y nuevos impuestos al ciudadano.
¿Qué cómo se lucha contra este fatalismo de la subvención pública? Pues muy sencillo: anulando todo tipo de subvenciones empresariales, sea a las agencias de viaje controladas por el presidente de la CEOE, sea a los bancos y cajas presuntamente en crisis o sea a las energías renovables. El principio es muy claro: el banco o empresa que tenga que quebrar, que quiebre. El dinero de los ciudadanos sólo debe servir para subvencionar al ciudadano.
El mejor plan de ajuste no consiste en bajarles el sueldo a los funcionarios o en congelarles la pensión a los jubilados, sino en suprimir subvenciones empresariales, que no son más que una utilización espuria del poder por parte del Gobierno y utilización espuria del dinero de todos por parte de algunos.
Aquí hay fatalismo y hay mucha caradura. Es el nuevo Estado servil, que retratara Hilaire Belloc: el Gobierno trabaja para los empresarios, especialmente para los banqueros y los mercados, expropiando al ciudadano con impuestos para derramar subvenciones sobre las grandes empresas o los bancos en crisis. A cambio de ese dinero, el sistema financiero apoya al Gobierno y le otorga credibilidad ante los mercados, que son gente digna y solemne. O sea, una sociedad de mutuo auxilio entre Gobierno y financieros contra el pueblo. Los beneficiados son el sistema financiero y los grandes empresarios.
Lo dicho, fatalismo y mucha, mucha jeta. ¿La prueba del nueve? El Gobierno español está dispuesto a dedicar hasta 90.000 millones de euros para sanear los bancos y cajas españoles, al tiempo que asegura necesitar rebajar salarios a funcionarios y pensionistas y quitar subvenciones a los ciudadanos (por ejemplo, el chequé bebé) por 15.000 millones. ¿No sería mejor no gastar los 90.000 de subvencionar los banqueros y sí los 15.000 que se quitan a los ciudadanos?
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com
