Las conclusiones de la minuciosa instrucción de la juez Mercedes Alaya sobre el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, ofrece un escenario dantesco de una corrupción que trasciende las acciones individuales y que se ha instalado en la estructura del sistema público andaluz gobernado por los socialistas.
Una corrupción en la que los responsables socialistas han estado acompañados, en su diseño de modelo de enriquecimiento, por los sindicatos y por un entramado de empresas intermediarias que no tenían otro fin que sortear la ley y alterar el ordenamiento jurídico.
Si de números hablamos, el proceso instruido por la juez Alaya cuenta ya con doscientos imputados, entre los que se encuentran los ex presidentes de Andalucía Manuel Chávez y José Antonio Griñán, y un fraude que alcanza los mil doscientos millones de euros.
Por más que los responsables socialistas andaluces hayan recuperado la teoría de la conspiración, los datos que ofrece la juez Alaya en las conclusiones de su trabajo nos colocan ante el caso de corrupción más relevante de la historia reciente de España.
Un caso en el que la juez instructora se ha encontrado a lo largo del proceso con las sistemáticas negativas de la Junta de Andalucía a colaborar en el proceso y con una sorprendente pasividad de la fiscalía.
J.D. Mez
