Vaya desde aquí mi apoyo y solidaridad a Diego Pastrana, detenido la pasada semana en Tenerife por la Guardia civil como supuesto autor de la violación y muerte de la pequeña Aitana, de tres años de edad, hija de la mujer con la que convivía.
El suyo ha sido el juicio más rápido que se puede celebrar... sólo que sin jueces. No fue juzgado y ya estaba condenado en menos de veinticuatro horas por los medios de comunicación, ávidos de carnaza para llenar sus telediarios o el papel impreso o electrónico (344 entradas en Google con su nombre).
Un titular de un conocido diario, al pie de su foto rezaba "la mirada del asesino". El jurado popular, influenciado por el llamado cuarto poder, tenía clara la sentencia. Parece ser que incluso sufrió mal trato psicológico durante la detención por los agentes que le custodiaban...
Y menos mal que no llegó a ingresar en prisión, ya que es sabido el particular código de honor de los internos en Centros Penitenciarios cuando entra una persona a la que se le acusa de violar y matar a una menor...
Hay que poner coto a los desmanes mediáticos, a la prensa amarillista. Hay que evitar los juicios paralelos. No basta con añadir la palabra "presunto".
El daño moral que se le ha causado a esta persona es incalculable. Mi párroco en su homilía también aludió al caso, poniéndole de "ejemplo" y preguntándose qué estamos haciendo y hacia dónde nos dirigimos.
No basta con pedir perdón y decir que todo fue un error. Parece por ende que no ha sido uno solo (el de los medios de comunicación), sino que también hay errores médicos de por medio. Una cadena de fallos que ha llevado a Diego a precisar de asistencia médica psiquiátrica. Le deseo desde aquí una pronta recuperación. Aunque las heridas morales tardan mucho más en cicatrizar...
Ya ha anunciado acciones legales. No me extraña. Aunque el daño moral no puede traducirse a euros de una forma matemática, sin duda que habrá de ser compensado por los medios de comunicación que calificaron de violación y asesinato lo que parece ser un fallecimiento derivado de una caída en un columpio. Y supongo que también habrá que investigar, de oficio o a su instancia, la actuación de los agentes de la autoridad que levantaron el atestado y le custodiaron en los calabozos, antes de pasar a disposición judicial y hasta que el juez recibió el informe médico forense crucial, que descartaba la muerte violenta de la niña, así como todo indicio de abuso sexual.
Borrar todo rastro de la ficha policial con sus huellas dactilares y que entre en acción la Agencia de Protección de Datos, por si se ha producido una infracción de la Ley especial de 1999. E investigar la posible negligencia de los facultativos que atendieron a Aitana.
Finalmente, ya en abstracto, pensar en que una persona acusada de matar a otra es juzgada por un jurado, compuesto por nueve ciudadanos y un magistrado profesional, que lo preside. ¿Pueden esos nueve no profesionales emitir un veredicto sin estar sometidos a presión mediática? ¡Si hasta a los jueces, que han recibido una formación, se les presiona y no se les deja hacer su labor con la prudencia y tranquilidad necesaria! Ejemplos de ello los tenemos casi a diario.
No puede ser.
Fernando Ferrín Calamita
