El Gobierno vasco es juez y parte, como accionista de Euskaltel
Escándalo a la vista. Ni corto ni perezoso, el Gobierno de Zapatero ha regalado una de las futuras licencias de telefonía móvil, esas que dejarán a la Tercera Generación en mantillas, al PNV. Y se la regala para que en su territorio, el País Vasco, el PNV, que además es accionista de la operadora Euskaltel, la adjudique a quien estime conveniente entre las que la soliciten. Y ya se sabe el resultado incluso antes de jugar el partido.
Lo peligroso de este precedente es que el tongo, como se denomina en el argot futbolístico, se puede repetir en función de los intereses partidistas, poniendo en peligro el futuro de unas empresas, las operadoras actuales de móviles, que han invertido miles de millones de euros, billones si se traducen a pesetas, para construir las redes de telefonía móvil con mayor cobertura, y que son la envidia de cualquier otro país de Europa.
Y todo esto lo hace el Gobierno con una Legislación y una Reglamentación en Telecomunicaciones que dice textualmente que las competencias en telecomunicaciones son de la Administración Central, y que el dominio público radioeléctrico es público y estatal, por lo que sólo el Estado puede cederlo a terceros. Es decir, y hablando en plata, que el acuerdo al que ha llegado el Gobierno con el PNV, a cambio de un voto, es ilegal y abre una vía de peligrosas proporciones para eso que las compañías y las empresas piden con asiduidad, que es la certidumbre, y más aún en momentos de crisis.
El Gobierno, de forma deliberada o sin dedicar un segundo a pensar en ello, ha abierto la puerta para que cualquier administración, local o autonómica, empiece a regular en telecomunicaciones, imponer tasas a las operadoras por el uso del espacio radioeléctrico, o lo que se inventen.
