La acusación popular sirve para condenar al ex presidente del Parlamento Vasco, pero no a Botín por las cesiones de Crédito
Se confirmó el despropósito. La figura jurídica de la Acusación Popular sirve para condenar al ex presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atucha, pero no para hacer lo propio con el banquero Emilio Botín por el caso de las cesiones de crédito. El Supremo ha aceptado la curiosísima teoría del magistrado Javier Gómez Bermúdez, que no aceptó la Acusación popular y se cargó el juicio oral en su sesión previa. Es decir, se cargó en una sesión un sumario que a su compañera Teresa Palacios le costó 13 años de instrucción.
A lo mejor es cierto que se necesita un pacto de Estado, pero no sobre la Administración judicial, sino sobre la Justicia.
