Quien está negociando con las distintas fuerzas políticas los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es el portavoz parlamentario, Alfredo Pérez Rubalcaba. Quien está metiendo la cuchara en la negociación entre sindicatos y SEPI en relación a Izar es el asesor monclovita, Miguel Sebastián. Ninguno de ellos está asumiendo un papel de liderazgo en el impulso de las reformas estructurales que necesita nuestra economía, crítica el secretario de Política Económica y Empleo del PP.
Miguel Arias Cañete considera que Pedro Solbes no está ejerciendo responsablemente sus funciones como vicepresidente económico. O dicho de otra forma, que le están comiendo la merienda los políticos. "Es la hora de los políticos, no de los economistas", señalaba en periodo electoral Jordi Sevilla. Toda una premonición. La supuesta ortodoxia de Solbes ha quedado enterrada por la voluntad política.
Y por eso, Vivienda y Fomento anuncia inversiones no contempladas en los Presupuestos. Y por eso, probablemente, la desviación del gasto nos colocará irremediablemente en déficit. Por otra parte, está la utopía de los ingresos previstos. Según Arias Cañete, los PGE no han tenido la ralentización de la economía a la que ayer se refirió el FMI y hoy la Comisión Europea. Según sus cálculos, la merma de ingresos sobre lo presupuestado será equivalente a un 1% del PIB, "que es mucho dinero", advierte el popular.
A todo esto hay que añadir la incertidumbre sobre el desenlace final del trámite parlamentario. "No se conoce el pacto con ERC y el presupuesto nace tocado del ala", señala Arias Cañete. El popular considera que esta función tiene muchos "actos" y que el telón acaba de levantarse. Queda la negociación en el Parlamento y en el Senado, ésta última más compleja. Al final de la sesión a los presupuestos de Solbes no los conocerá "ni la madre que los parió".
Por último, Cañete insiste en la inconstitucionalidad de los Presupuestos debido a que se concluyen nuevos tributos como la tasa a las farmacéuticas y cuestiones que superan el horizonte de un PGE anual como la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.