El Gobierno Zapatero, a través de la vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega, ha propuesto a la Conferencia Episcopal Española una tasa por acudir a la misa dominical. Serán los propios párrocos quienes, al igual que ocurre con los comerciantes y el IVA, recauden el nuevo impuesto y lo trasfieran a la Agencia Tributaria.
De la Vega ha justificado la propuesta en el hecho de que urge cumplir el mandato parlamentario por el que debe someterse a revisión la actual financiación eclesiástica. El 0,5% del IRPF no cubre las necesidades de financiación de la Iglesia, por lo que las misas pasarán a considerase un espectáculo público, lo que genera unos gastos a los Ayuntamientos, a las fuerzas del orden, etc., como cualquier otra actividad de este tipo. Pero el objetivo principal, ha aclarado la vicepresidenta, es reducir la aportación extraordinaria del Estado a la Iglesia Católica, aportación creciente en cada ejercicio.
Todavía no se ha fijado la nueva tasa, que sólo afectará a las misas dominicales y a otros actos de culto público, tales como procesiones de Semana Santa o romerías marianas. La vicepresidenta está convencida de que los curas tienen mucha experiencia en materia recaudatoria.
Respecto al resto de sacramentos, el Gobierno Zapatero está dispuesto a abrir un proceso de diálogo con las autoridades eclesiásticas, en el sentido de que quedará exento de la tasa todo sacramento sobre el que la Iglesia acepte compartir potestad con el Estado. Por ejemplo, la confesión. Si no se permite al Estado intervenir en el juicio del confesor así como en la administración de penitencias a los fieles, el sacramento quedará sometido al nuevo gravamen. Ahora bien, si se llega a un consenso sobre la administración del sacramento, se aplicará una subvención compensatoria.
Todo depende del diálogo ahora abierto.
