Este lunes se reúne el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo con los representantes de las asociaciones judiciales que han convocado una jornada de togas caídas. Dicen las asociaciones que si ellos se pusieran en huelga de celo como los pilotos de Iberia, un juicio normalito tardaría 5 años. Y es que en teoría el juez debe de leerse el 100% de los papeles que entran en su juzgado.
El gobierno presume de capacidad de diálogo, de tender la mano a hablar los problemas, pero lo cierto es que si la huelga no se hubiera convocado, la reunión tampoco se habría producido. Probablemente la cosa termine en nada porque los jueces insisten en que queremos ser escuchados y no sólo oidos. Bermejo se cierra en banda a hablar de remuneraciones en la actual situación de crisis. Pero los jueces sólo quieren que se abra la mesa de remuneraciones con la vista puesta en 10 años. No es mucho.
Pero sobre todo, los jueces reclaman que el Gobierno abandone su actitud de ingerencia. Recuerdan que fue Bermejo quien amenazó con eliminar la oposición de acceso, quien quiso que fueran no jueces quienes gobernaran el CGPJ; quien ha propuesto reformar el régimen disciplinario. Además, la reforma del gobierno pretende que sean los independientes fiscales quienes realicen labores de instrucción. Y sobre todo, Bermejo pretende que la agenda de señalamientos sea ordenada por un funcionario del ministerio. De esta manera si el gobierno quiere que el caso Sogecable, por ejemplo, no sea juzgado, quedaría relegado a prioridad última eternamente. ¿Es esto lo que queremos? Los jueces argumentan que lo está en juego no es su estatus ni sus remuneraciones, sino el mismísimo Estado de Derecho y de garantías. Mucho para que Bermejo sea capaz de solventarlo en dos mañanas.
