Lo decíamos este lunes: la fiscalía de la Audiencia Nacional se había dirigido contra Air Comet por seguir vendiendo billetes a pesar de conocer las dificultades financieras que atravesaba la empresa. Por su parte, los responsables de la compañía se muestran relativamente tranquilos. Pero lo que no se entiende es por qué las actuaciones de la fiscalía no se extienden también al Gobierno. El propio ministro de Fomento, Pepiño Blanco reconocía que las dificultades financieras de Air Comet eran conocidas por el gobierno que había tratado de ayudar para que se solventaran. Es verdad que se negó el préstamo del ICO, pero se buscaron otras alternativas.
Los trabajadores de Air Comet también denuncian que el Gobierno conocía la situación. No se entiende entonces por qué la fiscalía se queda en los responsables de la empresa y no eleva hacia los responsables del Gobierno. O a lo mejor sí se entiende: ya saben, la autonomía de la fiscalía. Y es que el Gobierno está feliz de emprender una reforma laboral con un representante de la patronal absolutamente dañado, tocado y casi hundido.
