El ministro de Trabajo Valeriano Gómez ha dejado claro cuáles son las intenciones del Gobierno en la lucha contra el trabajo sumergido. Mano dura. No se le puede reprochar un cambio de discurso, pues desde que se supo que se quería realizar este plan, la postura ha sido la misma. No hay "ninguna fórmula de amnistía". No habrá acuerdo con los sindicatos.
Pero como viene siendo habitual en este Gobierno, todo se resuelve con decretos ley, tras un cierto periodo de consulta que, en muchos casos, no sirven para nada. Este viernes, si no hay ningún imprevisto, el Consejo de Ministros aprobará el decreto ley sobre el empleo irregular con la intención de hacer aflorar el trabajo negro, ofreciendo "facilidades para que el trabajo no declarado pueda regularizarse sin que los trabajadores pierdan derechos".
Y luego la amenaza. Tras un periodo de mano blanda, llegará la mano dura, ya que se endurecerán las sanciones a las empresas, además de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se concentrará de manera especial en el trabajo irregular. Y es que según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el empleo sumergido mueve en España 82.500 millones de euros, casi el 8% del PIB, por lo que al Estado se le escurre entre los dedos mucho dinero, y según Gestha, implantar medidas adecuadas permitiría al Estado recaudar cada año 13.000 millones adicionales procedentes de la Seguridad Social. El colectivo señala a Cataluña (28.937 millones de euros), Madrid (12.351 millones) y Andalucía (11.549 millones) como las comunidades con mayor empleo irregular.
Tras el tiempo de talante y diálogo, llega la época de mano dura. Los comerciantes no ven claro que con el texto actual se logre lo mejor, y el secretario general de la Confederación Española de Comerciantes (CEC), José Guerrero, lo ha manifestado este miércoles al afirmar que puede mejorarse y que para ello es necesario un mayor consenso entre los agentes económicos y sociales. Pero para los políticos ya no hay tiempo.
Juan María Piñero
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