El ministro de Planificación del Ejecutivo Kirchner, Julio de Vido, remitirá al Congreso un proyecto de ley que regulará el terreno de juego de las compañías de servicios públicos. El proyecto contempla la creación de un Régimen Nacional de Servicios Públicos, al que se someterán las compañías suministradoras de teléfono, gas, luz y agua. El petróleo queda expresamente al margen de esta legislación, aunque se establece la urgencia de una regulación específica en el plazo no superior al año.
La nueva regulación establecerá el "acceso universal y la continuidad en la prestación del servicio en condiciones básicas esenciales para la subsistencia". Es decir, no serán posibles los cortes en el suministro a pesar del impago, algo que las compañías venían haciendo con grave riesgo para la integridad física de sus operarios. O dicho de otra manera, el Gobierno argentino obligará a las compañías a convivir con una elevada tasa de morosidad, ya que los usuarios sabrán que no abonar el servicio "saldrá gratis". De esta forma, se rememoran los tiempos en que en el gran Buenos Aires no se pagaba el agua.
La normativa establece el concepto de servicio solidario que contempla un consumo de subsistencia incluido en el mero cargo de conexión para aquellos usuarios considerados como "indigentes" por el Ministerio de Desarrollo Social. Este consumo de subsistencia se financiará mediante un fondo solidario financiado a su vez por aportaciones estatales no superiores al IVA de los consumos, más un 2% extra en el resto de las facturas y un 10% de los beneficios de la compañía prestataria. O sea, redistribución de la riqueza vía factura de servicios públicos.
Además, se establece el concepto de "rentabilidad razonable", entendida como aquella que se obtendría en actividades equiparables en riesgo en el ámbito nacional e internacional. Es decir, podría compararse, por ejemplo, la rentabilidad de la operativa en España y en Argentina.
