El gobierno andaluz decide por los padres el tipo de enseñanza de los hijos

Lo primero que tendrían que tener claro los poderes públicos -como preceptúa la Constitución- es que su misión es la de garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus propias convicciones, y de ahí que se reconozca el derecho a la libertad de creación de centros docentes.

Es decir, tendrían que dejar a los padres que se organizaran y eligieran con libertad el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos, por ser ellos los únicos que están legitimados. Sin embargo, los postulados del gobierno andaluz, conformado por socialistas y comunistas, son los de suplantar y sustituir de facto a los padres en ese derecho tan importante.

Con ello, se pretende una sociedad uniformada, en un mal entendimiento de la igualdad de oportunidades; controlada, con programas de ingeniería social por el poder político, sin que sea suficiente con Canal Sur; igualitarista por abajo, en la que no incentivan la excelencia y la calidad; y de ahí la suspicacia ante cualquier atisbo de libertad de que los padres se organicen según sus ideas.

Por eso, la enseñanza concertada y la diferenciada -según estos planteamientos ideológicos- están en el punto de mira de la Administración educativa andaluza, ante la cada vez mayor demanda de alumnos en estos colegios,  al estar la enseñanza pública de nuestra Comunidad en la cola de España y Europa.

Con estos resultados educativos a los alumnos de las familias más desfavorecidas se les hunde más en la brecha cultural, privándoles precisamente de la igualdad de oportunidades, al hacer prevalecer superados criterios estatalistas, cuyos resultados son directamente proporcionales al nivel de desempleo en esta región. Así que menos excusas, demagogia, y echar las culpas a otros: al Gobierno, a los recortes, a la demografía…, y más calidad en la enseñanza pública, y libertad de enseñanza.