El Gobierno Aznar se las ingenió para proteger legalmente la supresión del derecho de suscripción preferente, que conculca derechos de los accionistas minoritarios, aunque no de los inversores próximos al Consejo de Administración si este se lo propone. Desde 1996, con el BBVA como pionero, empresas como Repsol YPF, Telefónica, SCH, etc han apurado la ley para privar al accionista minoritario de su única posibilidad de alcanzar algo más que el dividendo, especialmente con la reciente crisis bursátil, que le cerró el camino a cualquier tipo de plusvalía.
Cuando Trevijano llevó su demanda a la Vicepresidencia económica (en tiempos del PP), se le respondió que no podían hacer nada. Hispanidad.com ha podido saber que el equipo jurídico al que se le encargó el caso concluyó que el demandante tenía toda la razón, pero que hacerle caso exigiría rehacer un sinnúmero de normas, entre ellas, la reforma de la ley de sociedades anónimas del año 98.
En otras palabras, las tecnoestructuras se hicieron con todo el poder y no querían repartir las migajas.
Si la rentabilidad del pequeño accionista de grandes corporaciones sufrió en España durante ocho años del Gobierno popular, su patrimonio, otra denuncia de Trevijano, se ha visto mermado por los miles de trabajadores expulsados (ahora hablamos sobre todo del sector bancario) por medio de prejubilaciones pagadas con cargo a reservas de la entidad, es decir, a reservas propiedad de los accionistas, en lugar de contra el beneficio. Precisamente, lo que no podrán hacer desde el 1 de enero próximo.
