No es el bálsamo de Fierabras, aunque así lo haya vendido el Gobierno. Así que, ahora que entra en vigor la ley Integral de Violencia de Género, el Gobierno prefiere no vender la piel del oso antes de cazarlo. La vicepresidenta informa que se tata de una batalla a largo plazo, que el combate será largo y que sólo venceremos, si trabajamos juntos hombres y mujeres en la escuela y en el hogar. O sea, que promete. Más: Plantaremos cara para atajar el sufrimiento de la injustificada y terrible pesadilla de la violencia. Eso sí, se trata de una herramienta más.
El mismo escepticismo mostró el ministro de Trabajo. Jesús Caldera cree que la ley ayudará a corregir el problema, pero no a que desaparezca. Se trata de una ley de largo alcance y largo aliento que ayude a la movilización de la rebelión social. La poesía se contagia.
Las medias de la Ley Integral son ya conocidas: Información de derechos en las comisarías, campaña de sensibilización, centros de acogida, y renta de reinserción que ayuden a la mujer maltratada a recuperar el itinerario de reinserción profesional. Además, Caldera informa que ya existen 700 policías y guardias civiles trabajando en la protección de las víctimas y que reforzarán tal dotación en la medida en que sea posible. Asimismo, anuncia una nueva ofensiva: un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que los policías locales actúen como policía judicial en los casos de violencia de género.
El Gobierno también trabaja en desarrollar un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a quien maltrata un día sí y otro también. El Ejecutivo quiere que desde los juzgados se ofrezca también información sobre los derechos de asistencia a las víctimas. Por cierto, siempre mujeres, porque el discurso oficial se olvida de las otras víctimas de violencia doméstica, más mudas que las mujeres.
