Lo sorprendente es que el reclamo del pago se hace en aplicación de los conciertos entre clínicas privadas y gobiernos regionales, tanto del PP como del PSOE o de cualquier otro partido con mando en comunidad autónoma. La nueva Ley Aído obliga a los poderes públicos con competencias sanitarias –no, no es coña: sanitarias- a practicar abortos en centros públicos, pero como los médicos se niegan a matar inocentes, lo que hacen los políticos es firmar conciertos –a la que la ley no obliga, en absoluto- con abortorios privados.
De hecho, la huelga de abortorios manchegos –que esperemos sea indefinida- coincide con la apertura de juicio oral al doctor Carlos Morín, el de las máquinas rompecocos, para quien el fiscal pide 309 años por 101 abortos ilegales. Vamos que atendía abortos "urgentes" con el resultado final de que todos eran urgentes. De entrada, felicito a Alternativa Española (AES), que fue el partido que interpuso la demanda. Precisamente, este caso fue el que animó a Zapatero a promulgar un ley de aborto libre, no fuera a ser que un juez – o jueza- honrado aplicara correctamente la norma de 1985 (liberalización disfrazada de despenalización para casos límites, convertida en un fraude de ley y en un coladero). Fue lo que ocurrió en un juzgado barcelonés y se puso a Morín contra las cuerdas.
El problema es que todos los abortorios hacen lo mismo que Morín y ahora protegidos por la ley de aborto libre. Perdón, interrupción voluntaria del embarazo... y hasta de la respiración.
Doña Cospe: no se trata de no pagarles sino de romper los conciertos con los abortorios, de impedir que se mate inocentes con dinero público.
Eulogio López
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