Este Centro ya denunció mediante nota de prensa del día 31 de mayo de 2009, que la Fundación Rafael Campalans (perteneciente al PSC-PSOE), tenga numerosos estudios realizados, destacando entre ellos el realizado en septiembre de 2006, y titulado La corresponsabilidad individual en la financiación pública de la atención sanitaria [..].la Fundación Rafael Campalans defiende la contribución financiera del usuario en la sanidad pública, es decir, la fundación afín al PSC-PSOE, defiende el fin de la sanidad pública, universal y gratuita.
No obstante, que dichas manifestaciones no nos sorprendan, no significa que dejen de preocuparnos.
Efectivamente, aunque este Centro Jurídico considera que el sistema de copago está necesitado de un estudio más profundo y cauto, no obstante es necesario recordar al Ministerio de Sanidad, que la viabilidad de la sanidad pública, universal y gratuita pasa por otra serie de medidas más complejas, pero menos comprometidas para los derechos de los ciudadanos.
No sólo debe ser materia de estudio la eliminación del propio Ministerio de Sanidad, para pasar a constituir una Secretaría de Estado, teniendo en consideración que las competencias en materia sanitaria están cedidas a las Comunidades Autónomas, sino que se han de tomar otra serie de medidas con carácter urgente, antes de obligar a los ciudadanos a la doble financiación de la sanidad (vía impuestos y vía copago); así, como medidas a adoptar, este Centro considera necesarias:
- La reducción de la carta de servicios sanitarios con cargo a la sanidad pública. Se tienen que eliminar, entre otros, la financiación de las operaciones de cambio de sexo, la práctica del aborto con cargo a la sanidad pública, la dispensación de la píldora del día después, la proliferación de campañas publicitarias sumamente costosas, la eliminación de algunas técnicas de reproducción asistida con cargo al servicio público de salud...
- La implantación de más y mejores mecanismos de cooperación entre los servicios públicos de Salud dependientes de las diferentes administraciones autonómicas. De esta manera, la proyección y ejecución de hospitales y centros asistenciales en zonas limítrofes se ha negociar entre las comunidades autónomas vecinas. De igual forma, se ha de eliminar gran parte de la carga burocrática en la gestión de gastos sanitarios entre comunidades, procediéndose a sistemas más ágiles y de menor coste económico paro los reintegros sanitarios entre comunidades autónomas.
- La mejor defensa en Europa, de la particular situación sanitaria española, dado que nuestro país soporta un alto porcentaje de asistencias sanitarias intracomunitarias.
- Reforzar los mecanismos de integración entre los organismo de prestación de asistencia sanitaria, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en aquellos casos en los que la prestación sanitaria va asociada a un prestación económica con cargo a la Seguridad Social
(bajas médicas por enfermedad común, accidente no laboral, accidente de trabajo y enfermedad profesional).
- Integración de las Mutualidades de Accidentes de Trabajo en el Sistema Público de Salud.
- Control de los gastos de personal, mediante el control del absentismo laboral. Actualmente, las profesiones médicas alcanzan porcentajes de absentismo laboral excesivos.
- Incremento en I D I, basado no sólo en los progresos científicos, sino en la innovación en los sistemas de gestión, y el desarrollo de protocolos médicos basados en la calidad asistencial, y la reducción de costes económicos.
- Garantizar el cumplimiento de la Ley General de Sanidad, en la que se establece el carácter complementario entre la Sanidad Pública y la Concertada, dentro de los límites establecidos en la Ley de Contratos del Estado y las Directivas Europeas.
En resumen, antes de seguir mermando los derechos de los ciudadanos, es necesario que el Gobierno se plantee las modificaciones necesarias estructurales, sin demandar a la ciudadanía medidas económicas como el copago, que no harán más que ahogar las maltrechas economías domésticas.
Centro Jurídico Tomás Moro
