De momento ha sido aprobado en primera lectura. Pero ya ha arrancado el camino de su tramitación. Entre las novedades, la más destacable, la obligación de someter a información pública los planes de ordenación urbana, de manera que los ciudadanos y propietarios puedan tener perfecta información de los proyectos en marcha. Además, se obligará a realizar un resumen ejecutivo que traduzca lo que la ministra Trujillo ha calificado como miles de cajas difícilmente entendibles, o sea, los proyectos urbanísticos.
Según señala Trujillo a Hispanidad, si esta transparencia hubiera existido, nos habríamos ahorrado gran parte de los atropellos que ha producido la Ley Valenciana del Suelo.
Por otra parte, el suelo dejará de ser urbanizable hasta que se demuestre lo contrario como establecía la ley de 1998, sino que el suelo será urbano, rural, protegido o transformable. De esta forma se eliminará la edificación irresponsable, que según Trujillo ha producido la legislación vigente. Y no sólo eso, sino que existe la obligación de cuidar el terreno rural.
Además, se eleva la reserva de suelo destinado a vivienda protegida a un mínimo del 25%. Un mínimo que las CCAA pueden sobrepasar, por ejemplo, Madrid está por encima en un 50%, explica Trujillo a Hispanidad. Por último, la cesión de suelo que la ministra prefiere llamar contribución de la comunidad en las plusvalías se eleva a una horquilla entre un 5-15% cuando actualmente estaba entre un 0-10%, aunque de nuevo podría ser flexible para adaptarse a pequeños municipios o situaciones especiales. Es lógico que la comunidad participe de los beneficios de esas plusvalías que se han producido sin hacer nada y en todo caso se trata de una horquilla que las CCAA pueden detallar más, explica a este diario Trujillo que se muestra claramente contraria a que ese porcentaje de cesión se sitúe en el 0%.
