Cuando el aborto se despenalizó en España se establecieron unos "comités reguladores" formados por un equipo interdisciplinar, que vigilaba la idoneidad del aborto caso por caso. Dichos comités frenaron la masificación de la práctica del aborto, por lo que fueron suprimidos al año siguiente, con la consiguiente escalada en la cifra de abortos. Algunos dirigentes populares apuestan por resucitar el esquema inicial para evitar el abuso práctico de la actual legislación despenalizadora. Si tal proyecto no se desarrolla a nivel nacional es posible que algunas comunidades gobernadas por el PP desarrollen este tipo de asesoramiento.
No serán los únicos. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, también se ha mostrado partidario de implantar un modelo similar al establecido en Alemania, en el que las mujeres que deseen abortar deben pasar previamente por alguna institución que les asesore de manera "independiente" y esperar, al menos tres días, antes de la intervención.
Es de esperar que Aguilar subcontrate esa labor de asesoramiento en la Federación de Planificación Familiar, que "casualmente" recibe fondos de las clínicas abortistas, por lo que su asesoría sería dudosamente independiente. Pero el simple anuncio de Aguilar debería mantener alertas a las organizaciones pro vida para implantar y desarrollar estos comités. Hace falta organización, coordinación y cierta liquidez. Esperemos que el movimiento pro vida esté a la altura.
